El fraude del Plan Bahía Competitiva se originó tras el cierre de Delphi en 2007

El fraude del Plan Bahía Competitiva tiene una génesis dolorosa. Nació a partir del drama social que supuso el cierre de la factoría de Delphi en julio de 2007 y que dejó sin empleo a cerca de 2.000 trabajadores entre puestos directos y auxiliares. El engaño que ha supuesto la pérdida de 24,7 millones de fondos públicos para la reindustrialización, que han ido a parar presuntamente a paraísos fiscales, no se queda solo en eso. La trama que está desentrañando la Udyco y que investiga el juzgado nº 4 de Cádiz se ideó traicionando los compromisos adquiridos por la Junta con los trabajadores de la extinguida empresa y que quedaron plasmados en el acta de cierre del 4 de julio de 2007, que ponía punto y final a la relación contractual del colectivo con la multinacional.

Los atestados policiales que en los últimos días ha ido desgranando este periódico sitúan el inicio del millonario fraude, presuntamente cometido por un entramado empresarial liderado por el gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, con la sociedad Cádiz Solar Center. Esta empresa se hizo con 11 millones de euros a través del Plan Bahía Competitiva para instalarse en la antigua factoría de Delphi y absorber a afectados por el cierre. Hay que recordar que el citado plan nació casi cuatro meses después del cerrojazo de la multinacional de la automoción en la Bahía y entre los incentivos que iban a potenciar estaba la concesión de 9.000 euros por cada empleado de este colectivo que fuera contratado por las empresas interesadas en asentarse en la zona.

La Junta además dejó por escrito en los citados acuerdos finales «la importancia» de que la compañía cediera los activos empresariales -suelo y maquinaría- para frenar la desindustrialización de la zona y se recogía cómo debería producirse esa transmisión patrimonial. Hoy en día la factoría sigue vacía, sin una recolocación plena del colectivo de trabajadores como se había prometido hasta la saciedad en 2007, año de elecciones, y los terrenos siguen atrapados en un largo proceso concursal.

En ese contexto aparece Cádiz Solar Center, una de las tres sociedades que el Ministerio de Industria le ha reclamado el reimporte de las ayudas que obtuvo en 2009 (7,5 millones) y 2010 (3,5). Como ya se ha venido publicando en la prensa local, es una de las sociedades que pertenece al entramado de Dávila Ouviña, pero no siempre fue suya. Y lo que es más importante para el desarrollo de la investigación, Industria ordena la devolución de las subvenciones no solo por tratarse de proyectos falsos.

La sociedad nace en septiembre de 2008, como consta en el Registro Mercantil. No aparece entre los cargos directivos Dávila Ouviña sino un empresario americano, que también es citado en el atestado policial. Se trata de John Thomas Abkeimer. Como apoderada sí se registra un nombre ya conocido en esta trama: Ana Isabel Fuentes, la persona que ejerce como intermediaria entre las empresas receptoras de ayudas y los organismos públicos. Una conseguidora de subvenciones que también tiene vinculaciones con la multinacional General Motors, antigua compañía matriz de Delphi hasta que a finales de los 90 pasa a ser su principal cliente. Fuentes es administradora de una empresa de asesoramiento en la que consta como apoderado un directivo de General Motor España.

Cádiz Solar Center recibió una primera inyección económica en noviembre de 2009 de 7,5 millones de euros. Como llegaran a anunciar altos cargos de la Consejería de Empleo era una de las compañías que iban a recolocar trabajadores de Delphi. Sin embargo, a los pocos meses, el empresario norteamericano que lideraba el proyecto para fabricar módulos, cédulas y componentes de energía solar abandona y entra en escena Dávila Ouviña, como consta en los movimientos que quedan apuntados en el Registro Mercantil.

En el año 2010 y después de haber recibido Cádiz Solar Center 7,5 millones para asentarse en los terrenos de Delphi, el empresario gallego, ahora en prisión, volvió a concurrir a la convocatoria del Plan Bahía Competitiva y logra otra inyección de dinero público de 3,5 millones. Por esas fechas no se había movido ni un papel en el interior de la factoría. Y el proyecto que debía darle utilidad a ese suelo industrial lo traslada Ouviña a Alcalá de los Gazules, violando uno de los requisitos que le había abierto la puerta a ese caudal de dinero público. Un año después y cuando al gallego le había autorizado la Junta un tercer paquete de ayudas, Industria esgrime este motivo para solicitarle la devolución de las subvenciones recibidas en 2010.

Lo más llamativo de esta operación es que el propio Dávila Ouviña, en una conversación grabada que mantiene con uno de sus socios, bromea sobre este aspecto y asegura que los del ministerio son unos «cachondos»: «Nos deniegan la subvención, ja. La justificación es porque no habíamos ido a Delphi y resulta que en la solicitud inicial ni siquiera estaba pedido para ir a Delphi».

Ese importante dato del cambio de ubicación no se tuvo en cuenta por la comisión evaluadora -formada por la Agencia Idea, la Diputación y Plan Bahía-, que le dio el visto bueno y en la que forma parte la nuera de Luis Pizarro (exconsejero de la Junta y cabeza de lista del PSOE por Cádiz). No es la única vinculación de esta figura del Clan de Alcalá con los fallidos proyectos empresariales y la pérdida de millonarias subvenciones para la reindustrialización. La Policía ha imputado formalmente a su primo Antonio Perales Pizarro, quien fuera nombrado gerente del Plan Bahía, y a la sobrina de éste, Ofelia Perales, que estaba en nómina de una de las empresas de Ouviña.