360 dólares para 'comprar' la paz

El pasado de 14 de diciembre tuvo lugar una escena inédita en la antigua base militar de Qala-i-Naw, la capital de Badghis, la provincia afgana bajo control español. Más de 250 insurgentes, entre talibanes, delincuentes, traficantes y secuaces de señores de la guerra locales, se desmovilizaron y entregaron 400 armas. Algunas de ellas, seguramente, protagonistas de ataques a las tropas españolas. A cambio, los rebeldes recibieron un curso de reinserción, otro de formación y un salario de 120 dólares mensuales durante tres meses para comenzar una nueva vida.

Entre las autoridades civiles afganas y los mandos militares españoles, encabezados por el coronel Félix García Cortijo, los combatientes pertenecientes a 15 grupos diferentes, que hostigaban a la coalición internacional desde las polvorientas colinas de Badghis y provincias limítrofes, se acogieron al Programa de Paz y Reintegración, puesto en marcha por el Gobierno de Kabul y la OTAN en marzo de 2010.

El numeroso grupo encabezado por uno de los jefes rebeldes más buscados por las autoridades afganas, Mohammed Yusef Hajji, hacían la entrega de armas más numerosa de cuantas se han realizado hasta ahora en Afganistán.

Con su desmovilización, la 'provincia española' se convertía en la zona con mayor cifra de «reintegrados», 1.291 de los 4.176 que se han producido en todo el país asiático, un 30% del total, según cifras del Ministerio de Defensa.

El programa de reinserción nació en la Conferencia Internacional de Londres de enero de 2010. Los aliados aprobaron esta medida con la esperanza de convencer a los insurgentes moderados para que depusiesen las armas. La iniciativa entrañaba el riesgo de abrir vías de comunicación directas con los combatientes. Una delicada tarea que ha recaído en los gobernadores locales, Policía, Ejército y, sobre todo, en el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), bajo cuyo responsabilidad se encuentran las comisiones provinciales de reintegración.

Estas comisiones, dirigidas por los gobernadores locales, son las que dan el primer paso para acercarse a los insurgentes y a la población afgana. Difunden el programa y generan los contactos necesarios para comenzar a negociar el desarme. Cuando se capta a un grupo interesado se lleva a cabo un filtro final en el que se decide quiénes son realmente rebeldes y quiénes se pueden acoger al programa.

Datos biométricos

Una segunda fase de «desmovilización», como la del acto del 14 de diciembre, consiste en la entrega de armamento y el proceso biométrico, que consiste en elaborar una especie de fichas personales que incluyen datos físicos de cada insurgente reinsertado para su posterior vigilancia.

Tras la foto del desarme se realiza un curso de dos semanas, fundamentalmente dirigido hacia la reincorporación social en sus comunidades de origen. Estos tienen carácter religioso, aunque normalmente no se hace, según reconocen fuentes militares conocedoras del programa. Y, posteriormente, reciben quizás el botín más apetecible para tomar la decisión de dejar las armas: un salario de 120 dólares al mes durante 90 días, en total 360 dólares.

Esta partida surge del fondo de 350 millones de euros que aportan los aliados de la OTAN para este programa, que tiene cinco años de vigencia (2010-2015).

Los principales contribuyentes son Estados Unidos y Japón, y España aporta 10 millones. Pero el liderazgo diplomático lo lleva Arabia Saudí, que en la Conferencia de Londres mostró su firme compromiso a la pacificación, reconciliación y reintegración del país asiático. Eso pese a que fue uno de los pocos estados que reconoció al régimen talibán en los años noventa.

La fase final del programa de reinserción, la denominada «consolidación», es la más importante. Incluye cursos de formación profesional que capacite a los antiguos rebeldes para trabajar. En Badghis, por ejemplo, ya se están llevando a cabo y consiste en el aprendizaje de tareas agrícolas (cultivo de pistachos), producción textil u obra pública (alcantarillado, aceras o carreteras).

La rehabilitación conlleva también apartarse de los grupos extremistas (señores de la guerra, talibanes o Al-Qaida), acatar las leyes del país y colaborar con las fuerzas de seguridad para combatir al «enemigo». Este es el caso de los algunos de los reinsertados que acabaron siendo reclutados por los instructores españoles para formar parte de la policía local afgana.

No obstante, no todos los casos tienen final feliz y existe un grupo especializado que se ocupa de vigilar y controlar a los insurgentes reintegrados que vuelven a «recaer». No son muchos, pero ya se ha dado algún precedente en Badghis.