Rajoy insta a desistir a los sindicatos ante el «sólido» apoyo a su reforma

Mariano Rajoy esbozó una sonrisa al ver ayer en el monitor del Congreso los 197 votos que respaldaron el decreto de reforma del mercado laboral. Para el Gobierno, son las modificaciones precisas para que España cree empleo en cuanto salga de la recesión. Para la izquierda y los sindicatos, destroza la legislación laboral de la democracia, abarata y facilita el despido, y da a los empresarios todo el poder en la negociación colectiva.

Los populares lograron sumar a su holgada mayoría absoluta el apoyo de CiU, de su socio Unión del Pueblo Navarro y del representante del Foro Asturias, lo que asegura que la norma, que ahora pasará a fase de enmiendas, saldrá aprobada con un gran respaldo y sin cambios en sus puntos sustanciales y más polémicos, los mismos que hoy reunirán a las direcciones de UGT y CC OO para debatir si convocan la primera huelga general contra el Gobierno del PP. El bloque de oposición, comandado por el PSOE y formado por la izquierda minoritaria -IU, ERC, Amaiur, BNG, Compromís y GeroaBai-, los nacionalistas vascos y canarios, y UPyD, sumó 142 votos.

El resultado convenció a Rajoy de que ya ha ganado esta batalla política y nada más abandonar el hemiciclo animó a los sindicatos a desistir, a dejar de agitar la calle y a olvidarse de la huelga porque no le doblarán el brazo. Dijo estar «muy contento» porque «una sólida mayoría» respalda «la reforma que necesita España». Señaló que sabe que hay sectores que se aferran a las reglas laborales que rigen desde hace 30 años, pero «mi obligación es adoptar una reforma laboral que sirva al mundo en que vivimos y que acabe con el pesimismo y la desesperanza de los jóvenes». Por si el aviso no era evidente, horas después, en Palma de Mallorca, añadió: «Nosotros no anunciamos reformas, las hacemos».

Las declaraciones victoriosas de Rajoy fueron el epílogo a una mañana agitada. Gobierno y PSOE protagonizaron en el Congreso un bronco mano a mano con continuas interrupciones y descalificaciones durante el pleno de ratificación del decreto. Con la aprobación asegurada, la pelea política fue un intento de ganar la batalla de la opinión pública, con las inminentes elecciones de Andalucía y Asturias muy presentes, y un precalentamiento ante las movilizaciones del domingo que podrían tener su colofón en una huelga general el 29 de marzo.

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, tiró del escándalo de los ERE para amordazar las críticas socialistas y exclamó desde la tribuna, entre aplausos de su grupo puesto en pie: «¡Vergüenza les debería dar hablar de empleo con el uso que sus compañeros de Andalucía hacen de las prestaciones sociales!».

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, que minutos antes también levantó de los escaños a sus correligionarios tras asegurar que la reforma del Gobierno es «ideológica» y «un ajuste de cuentas de la derecha más radical», contraatacó con las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que atribuyó a «una violencia de género estructural» muchos de los abortos que se producen en España. «Eso sí que da vergüenza», aseguró, de forma especial «en el día de la mujer trabajadora».

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Báñez defendió la pertinencia y la bondad de la reforma, que definió como «completa y equilibrada», y la comparó con las de los gobiernos socialistas, a los que definió como «máquinas de destruir empleo» y «campeones del despido», con tres millones de parados en los últimos dos años, y los autores de los mayores recortes de derechos sociales. Exigió al PSOE que ayude al Ejecutivo a luchar contra la crisis y que «abandone la manifestación y la pancarta» porque, dijo, «nosotros en la oposición fuimos leales».

Rodríguez advirtió a Báñez de que es peligroso que un Gobierno con 300.000 parados desde enero y con una previsión para 2012 de 1.600 más al día use el desempleo de sus antecesores como «coartada política» y aseguró que la reforma busca «un despido más fácil y más barato» que mata la negociación colectiva y los equilibrios laborales de 30 años de democracia, y auguró que servirá para que «los empresarios bajen los sueldos de los trabajadores de forma general y unilateral».

El debate concluyó con intervenciones muy críticas de todos los grupos de izquierda, de UPyD y del PNV, radicalmente en contra del decreto, y con el convencimiento de CiU de que logrará que los populares acepten muchas de sus enmiendas. Tanto Rosa Díez (UPyD) como Joan Coscubiela (IU-ICV) reprocharon a los partidos mayoritarios el espectáculo de gritos y abucheos en un asunto delicado que afecta a millones de parados. Díez dijo sentirse avergonzada por «la reyerta política» que tapó «el debate serio».