La APDH baraja recurrir la ordenanza que multa a prostitutas y clientes

Los abogados de la asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz estudian la interposición de un recurso a la aplicación de la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia. La normativa del Ayuntamiento fija, entre otros muchos aspectos, multas de hasta 3.000 euros a las prostitutas y sus clientes que practiquen sexo en la calle.

Por permanecer en la vía pública ofreciendo sus servicios, las meretrices se verán expuestas a sanciones de hasta 750 euros. El portavoz de la APDH, Rafael Lara, puso en tela de juicio la constitucionalidad de esta prohibición. «Les están quitando derechos de ciudadanía y además estigmatizan a un colectivo que ya de por sí está sometido a una exclusión social». Cabe destacar que la asociación presentó una enmienda a la totalidad de la ordenanza que fue rechazada. «Pone en manos de la acción policial situaciones que no se basan en la objetividad. Parte de una visión conservadora sobre cómo regular el espacio público».

Si bien el texto recoge la disposición del Ayuntamiento a prestar ayuda a las mujeres, Lara consideró que esto quedará en papel mojado. «Ni existe esta ayuda ni la van a poner en marcha ya que ni siquiera pagan el dinero comprometido a las asociaciones», dijo en referencia a la supresión del servicio de atención a los inmigrantes a la que se ha visto obligada la APDH por la deuda del Ayuntamiento.