El anterior gobierno comprometió 540 millones de los impuestos para hacer pagos hasta 2031

La primera valoración oficial en torno a la ruptura del acuerdo con Diputación por parte Ayuntamiento de Jerez llegó ayer de boca del responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación de Diputación, Juan Antonio Liaño, quien dejó claro que a la institución provincial «no le ha gustado» que el Consistorio haya rescindido el convenio para la gestión tributaria, si bien acto seguido se ha apresurado a afirmar que «comprende» la decisión a tenor de la «situación de ruina» que ha encontrado el actual gobierno municipal.

Ésta es una de las reflexiones realizadas por Liaño después de presidir la comisión informativa de Hacienda donde se analizó lo ocurrido con este convenio y que había sido solicitada por el PSOE.

El responsable de este área dio ayer más datos, entre ellos los que revelan «la magnitud de los compromisos de pago -tomas de razón- autorizados por la exalcaldesa Pilar Sánchez y ejecutados por los anteriores responsables de Hacienda de Diputación»: más de 540 millones de euros adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias y con unos periodos de abono que llegan -en algún caso, como es el de Urbaser- hasta el año 2031. Según afirmó ayer, «estos compromisos anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente».

A juicio del diputado, «estas tomas de razón son una barbaridad política y económica». Y aún lo son más si se tiene en cuenta, como se indicó ayer, que hay constancia de compromisos de pago por valor de casi 40 millones fechados incluso el 31 de mayo de 2011, en un periodo en el que ya se habían celebrado las elecciones locales, una etapa de transición, «de vacío de poder», en el que los anteriores responsables -tanto municipales como provinciales- formaban parte de «gobiernos salientes».

También informó de que Diputación, tras conocer la decisión del Ayuntamiento, ha encargado a la asesoría jurídica la emisión de un informe en el que se determinen las consecuencias de la ruptura del acuerdo; y se ha constituido una comisión técnica que resolverá la liquidación del convenio en términos económicos. Además, habrá que dar cuenta al Pleno de la corporación provincial de la rescisión.

Respecto a la situación creada por esta circunstancia, el responsable provincial del ramo insistió en que ha existido una irresponsabilidad por parte de los anteriores gestores de las dos instituciones (Diputación y Ayuntamiento), y que se van a estudiar posibles consecuencias jurídicas. De hecho, Liaño llegó a afirmar que desde la institución provincial no se descarta ejercer alguna acción judicial contra esos responsables políticos que firmaron el convenio, en especial contra la exregidora socialista.

Sea como fuera, el diputado quiso dar ayer un mensaje de tranquilidad y destacó que la renuncia de Jerez «no supondrá la quiebra técnica» de Diputación. De hecho, recordó que se acaba de cerrar una operación de crédito -garantizada con las estimaciones de recaudación- que permitirá anticipar nada menos que 125 millones a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial. Además, descartó que vaya a producirse un efecto llamada que provoque que otros consistorios tomen la misma decisión que Jerez.