Los imputados sitúan a un exconsejero en el centro de la trama de las ONG valencianas

La investigación de la supuesta trama de ONG para desviar los fondos de la administración valenciana destinados a ayudas para la cooperación durante la etapa de Rafael Blasco como consejero de Solidaridad y Ciudadanía comienza a señalar, cada día con más claridad, al actual portavoz de los populares en Les Corts. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que varios de los imputados en la investigación que ya han prestado declaración ante la juez Nieves Molina han señalado directamente a Blasco y lo han situado en el centro de la trama. Las mismas fuentes advierten de que estos testimonios, unidos a las pruebas documentales y las grabaciones de que se dispone, dibujan un escenario que podría acabar con la imputación del dirigente popular.

Por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia han pasado ya a declarar prácticamente una docena y media de imputados. Y las fuentes cercanas a la investigación consultadas aseguran que algunas de ellas han terminado por reconocer que el veterano exconsejero tenía conocimiento o participación directa o cercana de los expedientes de concesión de ayudas al Tercer Mundo sometidos ahora a investigación judicial.

Las mismas fuentes precisan que entre las declaraciones que habrían señalado a Blasco no se encuentra la de Josep Maria Felip, el director general de Cooperación que se convirtió en el primer detenido en relación con esta investigación y que el presidente valenciano Alberto Fabra destituyó de inmediato de su cargo. Pero añadieron que entre quienes sí que han hecho una alusión directa al exconsejero y han considerado que tenía conocimiento de lo que ocurría con los fondos para cooperación figuran los respresentantes de algunas de las ONG señaladas por la trama.

El procedimiento judicial abierto -y que por ahora arroja un balance de 19 imputados, cuatro cargos de la administración autonómica y una persona en prisión preventiva- investiga los supuestos delitos de fraude, malversación, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Se calcula que la cantidad de fondos públicos que podría haberse defraudado con esta trama puede estar entre siete y nueve millones de euros.

Hasta la fecha, el Palau de la Generalitat ha venido respirando tranquilo en relación con esta investigación. Una tranquilidad que nacía del convencimiento de que la imputación de su portavoz parlamenmtario era más que improbable. La revisión de las ayudas concedidas que en su día ya impulsó el Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps había revelado que no podían atribuirse responsabilidades directas a Blasco en la tramitación de los expedientes para la concesión de ayudas. «Había un cordón sanitario de personas que firmaban en su lugar», asegura una fuente.

Procedimiento agravado

Sin embargo, que de la documentación que se haya encontrado en la dirección general de Cooperación no puedan extraerse consecuencias penales para el exconsejero no significa que la juez no pueda disponer de algunas otras.Primero, por las propias declaraciones de los imputados. Y segundo, por una grabación realizada en un bar y que habría arrojado luz respecto al funcionamiento de la trama y a quiénes son sus principales responsables. La investigación judicial incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos policiales, según las fuentes consultadas por este diario.

De hecho, en el entorno de la Generalitat se ha reconocido en las últimas fechas que el moderado optimismo con el que se contemplaba la evolución futura de esta investigación ha dejado paso ahora a una preocupación razonable, que únicamente rebaja la convicción de que el procedimiento puede todavía prolongarse durtante varias semanas.