Díaz Ferrán endosa a su socio las decisiones financieras de Marsans

Gerardo Díaz Ferrán, exdirector del grupo turístico Marsans y expresidente de la CEOE, declaró ayer ante el juez que las decisiones «ejecutivas» de la compañía antes de su quiebra las tomaba su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, y que él se limitaba a labores institucionales, según fuentes jurídicas.

Díaz Ferrán, imputado por los delitos de estafa y apropiación indebida, justificó ante el instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el «día a día» lo llevaba Pascual y que él se dedicaba a asuntos relacionados con el transporte aéreo.

El empresario trasladó así la responsabilidad financiera de Marsans a Pascual, que un día antes declaró ante el juez y pasó de soslayo sobre el papel de Díaz Ferrán. Pascual también está imputado por estafa y apropiación indebida.

Precisamente, sobre la supuesta apropiación del dinero de los afectados, eje central de las acusaciones, tanto uno como otro negaron rotundamente haberse quedado con los 4,43 millones procedentes de los paquetes turísticos pagados por 4.706 clientes poco antes de declararse en quiebra, según el escrito del fiscal Daniel Campos.

Pagos operativos

Pascual y el exdirector general de Marsans, Iván Losada, también imputado en la causa, justificaron el lunes ante el juez que ese dinero fue para otros fines operativos del grupo, como pagar a abogados, presentar el ERE, abonar el alquiler de oficinas o pagar la millonaria deuda con la Asociación Internacional de Transporte (IATA).

En la misma línea, Díaz Ferrán expuso estos argumentos ante el juez, pero sin tantas precisiones. Prefirió, eso sí, centrarse en las razones que abocaron a la bancarrota de Marsans. Enumeró la «situación financiera internacional», la deuda de 20 millones de euros con IATA y la posterior retirada de la licencia para vender billetes y, finalmente, a la decisión que adoptó en 2009 un juez inglés decretando el embargo de aviones de la aerolínea Air Comet, actualmente en liquidación.

Por otra parte, la fiscalía ya tiene preparado el escrito de acusación contra los dueños de Marsans por un delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002. Piden para ellos dos años y cuatro meses de prisión y 99 millones de multa.