La regresión conservadora

El gobierno no ha necesitado los consabidos cien días para fijar las prioridades de su gestión, para poner en marcha lo que ya, a estas alturas del comienzo de la legislatura podemos identificar como la regresión conservadora, que en nada se parece a lo anunciado y comprometido en la campaña electoral.

Por el momento Rajoy se ha limitado a aliarse con la crisis y a utilizarla como coartada para imponer sus posiciones ideológicas y políticas, con una clara voluntad de romper los consensos de la transición, tanto en el modelo de estado, como en el de las relaciones laborales. Se pone en cuestión el estado de las autonomías, a las que se hace responsables del desequilibrio fiscal, lanzando globos sonda sobre la recuperación o modulación de las competencias transferidas. La grosera descalificación de las organizaciones sindicales pone en cuestión el modelo constitucional de economía social de mercado, en un intento de aniquilar la intermediación entre el poder institucional y los ciudadanos.

La regresión ideológica y los recortes sociales están a la orden del día y forman parte de la agenda y del discurso cotidiano de los ministros: el de educación anuncia la supresión de la asignatura 'educación para la ciudadanía' apoyado en una cita falsa de un supuesto libro de texto; el de justicia propone el copago y la modificación de la ley del aborto; el de interior receta mano dura contra los manifestantes y ampara a los mandos que consideran enemigos a los estudiantes; el de agricultura arremete contra la Ley de Costas y anuncia facilidades para la ocupación inmobiliaria del litoral; la de empleo pone en marcha una reforma laboral que cuenta con el apoyo entusiasta de los empresarios y la oposición rotunda de los sindicatos, etc.

La dura realidad ha dejado en nada las recetas milagrosas, que defendieron en una campaña diseñada para rentabilizar electoralmente las angustias de los parados. Como remedio contra crisis financiera, garantizaron que su llegada al gobierno cambiaría el escenario socioeconómico, merced a la confianza que su proyecto transmitiría a los mercados, pero estos se muestran insensibles a los encantos y encantamientos de Rajoy, reaccionando tímidamente sólo a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo.

Se comprometieron a no subir los impuestos y lo han hecho, cargando una vez más el coste de la crisis y de los ajustes presupuestarios sobre las espaldas de los asalariados y de las clases medias, que a este paso dejarán muy pronto de serlo. El equilibrio de las cuentas públicas como dogma justifica el incremento de la presión fiscal, los recortes brutales en los servicios y la privatización de todos los activos de las administraciones públicas. En Jerez privatizan el agua y los servicios de recaudación para hacer caja, mientras que los asesores de Arenas valoran la liquidez que podría aportar la venta de las ITV, dos ejemplos claros de servicios públicos extraordinariamente atractivos para los inversores privados, ya que garantizan liquidez y rentabilidad por muchos años.

Anunciaron la creación de empleo, tres millones en la legislatura según González Pons, pero en febrero se han perdido más de 112.000 puestos de trabajo y el gobierno estima que se perderán más de 630.000 en 2012. Se comprometieron a no hacer recortes del estado de bienestar, pero cada día asistimos a nuevas medidas que lo desmienten, aunque los más duros esperan pacientemente a que pasen las elecciones andaluzas. La contabilidad electoral siempre ha sido una prioridad para el PP.

Con la reforma laboral aprobada, el PP sienta las bases del modelo económico que pretende implantar, en el que destaca la prevalencia de los empresarios sobre los trabajadores, de la imposición sobre la concertación. Con esta estrategia, la productividad y competitividad de nuestra economía dependerán de la caída de los costes laborales y sociales, no de la tecnología, la innovación, la cualificación profesional y la excelencia. Al parecer pretenden competir en la economía globalizada igualándonos con los de abajo en materia de derechos sociopolíticos.

El nuevo modelo productivo del PP se resume en más de lo mismo, dispuestos a insuflar aire a la desinflada burbuja inmobiliaria. Ya Arenas apostó por una Andalucía residencial en sede parlamentaria y Arias Cañete proclama con insistencia en los medios de comunicación su voluntad de enladrillar la costa. En la provincia de Cádiz el proyecto más emblemático y prioritario de inversión pública es la carretera Cádiz Huelva, a través del Espacio Protegido de Doñana, contra el criterio de los técnicos que la rechazan por su alto coste y de las organizaciones conservacionistas que denuncian grandes impactos ambientales.

Especialmente preocupante en la regresión conservadora es la prevalencia de la propaganda sobre la información, la confusión entre los intereses generales y los de partido, la presencia de la jerarquía eclesiástica como aliado electoral a cambio de que se impongan los códigos de conducta religiosa a través de la legislación, la deslealtad institucional, la consideración de los opositores como enemigos y la satanización del adversario, especialmente de los socialistas que de amigos y aliados de los terroristas, han pasado a ser identificados como los instigadores de la violencia callejera.

Aprovechando el 'estado de shock' provocado por la crisis, estamos asistiendo a un triple desmantelamiento del modelo constitucional y de convivencia: del estado de las autonomías, del estado de bienestar y de las relaciones laborales, construido durante la transición como salida al negro túnel de la dictadura franquista. La revolución-regresión conservadora se traduce en la ocupación del estado centralista, la prevalencia de lo privado sobre lo público, la consideración de los servicios y prestaciones como oportunidades de negocio y la eliminación de las plataformas de articulación sociolaborales.