Las eléctricas insisten en subir la parte regulada de la tarifa un 20%

La situación económica apremia a todos, y en el sector eléctrico, mientras el ministro de Industria habló de un reparto de sacrificios entre «consumidores, operadores y administraciones», las compañías no se dan por aludidas y persisten en sus demandas. El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha propuesto atajar la escalada del déficit de tarifa -que ya supera los 24.000 millones de euros, y amenaza con aumentar otros 5.000 millones este año- con la aplicación paulatina de dos subidas del 10% cada una en la parte regulada de la tarifa, también denominada 'peajes de acceso'.

Resulta imposible, por ahora, calcular el impacto de esta propuesta en los consumidores: los peajes representan el 50% de la variación que se aplica cada trimestre, mientras el otro componente es el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que suele oscilar en función de las cotizaciones del petróleo y el gas y de los contratos de suministro a medio plazo. El 1 de abril es la fecha decisiva que permitirá comprobar las intenciones de un Gobierno que, pese a las sentencias contrarias del Tribunal Supremo, optó por congelar el recibo de la luz en el arranque de año, pero que debe afrontar los cambios necesarios, y seguramente aplicar nuevas alzas, para que el déficit de tarifa acumulado -diferencia entre los costes reconocidos y los ingresos- no siga creciendo más allá del insostenible nivel ya alcanzado.

Montes defendió los aumentos paulatinos de los peajes y argumentó que el recibo de la luz «podría incluso bajar» si se excluyeran los costes ajenos al sistema, en la presentación de un informe encargado por Unesa, que analiza la evolución económica financiera del sector entre 1998 y 2010. La principal conclusión de este trabajo es que la rentabilidad obtenida por las empresas eléctricas por la explotación de sus recursos, que se limitaba al 4,5%, está por debajo de los costes financieros, que superan el 6,3% y siguen creciendo.

No hay beneficios multimonillarios en el negocio eléctrico, replicó el presidente de Unesa. Y en respuesta a las acusaciones formuladas por asociaciones de consumidores y otros agentes económicos, argumentó que solo el 35% de los dividendos distribuidos por las compañías eléctricas se pueden atribuir a la actividad en España, porque el resto de su negocio está en el exterior. Apostilló que las empresas han debido de emplear parte de sus recursos en una operación ajena a su normal actividad, como es la financiación del déficit de tarifa, que por importe de 15.982 millones seguían reteniendo en sus balances a 31 de diciembre. «No son bancos ni quieren serlo», aseveró. Por eso, en cuanto al déficit acumulado, las eléctricas no proponen otra aportación distinta de su «necesidad de cobrar», y añaden que estos débitos están pasando factura a sus balances, en la medida en que encarece la financiación.

El presidente de Unesa ratificó que las cinco grandes empresas del sector «no tienen nada que ver» con el grueso de los costes regulados que han ido inflando esta factura, donde figuran desde las primas a las renovables hasta otros muchas partidas ajenas a la generación. En los peajes, no obstante, se incluyen los pagos por capacidad, que Montes reconoció necesarios para que funcione el sistema cuando «la lluvia, el sol o el viento» están ausentes. Se trata de un epígrafe que retribuye las instalaciones, en su mayoría térmicas de ciclo combinado que queman gas, pero también térmicas de carbón, dispuestas para entrar en funcionamiento cuanto las renovables no obtienen la materia prima que necesitan.

El presidente de Unesa citó datos de Red Eléctrica para apuntalar que las «energías no gestionables» aportan un máximo del 7% consolidable al funcionamiento del sistema. Montes rechazó de forma tajante que en los planes del Ministerio de Industria figure una quita de la deuda eléctrica, ni tampoco una tasa a las nucleares, como procedimientos para desinflar el déficit.