En libertad un sospechoso de matar a su mujer porque falta un informe

La muerte de una vecina de Sanlúcar, el pasado mes de septiembre, sumó un tétrico número más a la lista de mujeres víctimas de violencia de género. Su caso pasó desapercibido en un primer momento porque permaneció varios días ingresada en el hospital en coma irreversible. Su muerte a manos de su esposo presuntamente fue confirmada por la Consejería de Igualdad al realizar el balance habitual cuando se registra un nuevo crimen machista. A partir de entonces se supo que el marido, de 75 años, había sido detenido e ingresado en prisión. Hoy su situación penitenciaria ha cambiado por completo, la Audiencia ha ordenado su puesta en libertad provisional sin fianza, entre otros factores tenidos en cuenta por el tribunal, porque el caso se encuentra prácticamente paralizado por la falta de un informe forense. Así lo recoge en un auto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La fallecida, de 71 años, perdió la vida por un traumatismo craneal, según los primeros datos que trascendieron. El esposo, José G. P., fue arrestado al instante en su domicilio. Fuentes policiales confirmaron que en su primera declaración había reconocido que tuvo una discusión con su esposa y en el transcurso de la pelea, le dio un empujón. La víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Aunque no había antecedentes de denuncias por malos tratos, en el entorno de la fallecida aseguraban que la mujer había sufrido episodios violentos a lo largo de una convivencia de décadas, pero que nunca había recurrido a la Policía.

En diciembre pasado, el juzgado que instruye la causa -número 4 de Sanlúcar- desestimó el recurso planteado por la defensa de José G. P. que pedía la puesta en libertad del imputado. El abogado elevó un segundo recurso a la Audiencia Provincial, que en un auto fechado el pasado 21 de febrero le daba finalmente la razón. Ordenaba modificar la situación provisional del sospechoso, que ya se encuentra en la calle sin necesidad de abonar fianza alguna. En esta batalla procesal, la Fiscalía se ha opuesto a la medida acordada ahora por el órgano judicial superior de la provincia.

El tribunal ha tenido en cuenta varios factores para optar por la libertad provisional. Pero la más llamativa ha sido la paralización del procedimiento. Según recogen los magistrados, el caso lleva a la espera, desde hace cinco meses, de un informe forense que complemente el estudio de la autopsia. «La intervención del recurrente en la causa de la muerte, como efecto determinante de la misma, no ha podido ser establecida». En el auto se asegura que sin esos datos que deben aportarse al procedimiento no se puede determinar la «conducta delictiva» a imputar, más allá del delito de malos tratos, que se castiga con una pena de cárcel menor. Y sin ocultar un tono de crítica, los magistrados concluyen que desconocen «las poderosas razones» que impiden la emisión de dicho informe, cuando no hay que practicar más diligencias.

La Audiencia también ha valorado otras circunstancias como el hecho de que la víctima haya fallecido y, por tanto, «no hay necesidad de protegerla»; y que las condiciones del imputado hagan muy complicada una fuga por su avanzada edad y «un delicado estado de salud»; además de tener un domicilio conocido en Sanlúcar. A partir de ahora José G. P. deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.