El principal imputado por el desfalco atiende a los medios tras acudir a la Cámara de Cuentas. :: C. C.
SAN FERNANDO

El Tribunal de Cuentas abre el caso que fijará la responsabilidad del desfalco de la caja municipal

Envía edictos a los implicados para que acudan en las próximas semanas a Madrid a exponer sus alegaciones y su defensa

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¿Ratificará la propuesta que realizó la Cámara de Cuentas o habrá alguna sorpresa? La incógnita tardará en resolverse, aunque al menos ya se ha iniciado el proceso por parte del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador es el encargado de determinar la responsabilidad administrativa de lo ocurrido en la caja municipal y por tanto cómo y quiénes deben restituir la desaparición de los 7,8 millones de euros. Por ello ha enviado edictos a todos los afectados en este proceso (desde los imputados a los ex alcaldes andalucistas hasta interventores y tesoreros municipales) para que las próximas semanas acudan a Madrid a exponer sus alegaciones y por tanto defensa en el caso.

Se trata de un procedimiento que se prolongará en el tiempo y que dirimirá en diferentes actuaciones, ya que el Tribunal de Cuentas puede llegar incluso a estimar la idoneidad de embargar los bienes de aquellas personas que deben restituir lo perdido. Un trabajo que no realizará a tientas ya que entre sus manos cuenta con la documentación remitida por parte de la Cámara de Cuentas (encargada del proceso de instrucción) que considera que los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que elevó al propio Tribunal de Cuentas una propuesta de liquidación de 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero.

En el caso de que se declaren insolventes y no puedan afrontar la deuda serán los responsables subsidiarios los que tendrán que hacer frente a esta cantidad. Entre los que se encuentran los ex alcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, además del actual y anterior interventor y la tesorera. Una propuesta de carácter provisional, porque ahora que el proceso está en manos del Tribunal de Cuentas, es el órgano fiscalizador el encargado de determinar la responsabilidad del alcance, pues en ningún momento se habla por parte de los estamentos de control de robo o desfalco. Es importante a la hora de saber lo que se está juzgando pues para el Tribunal de Cuentas el alcance es entendido como la ausencia de justificación de una cantidad y la responsabilidad contable recae en el que por «acción u omisión contraria a la Ley originase el menoscabo de los caudales o efectos públicos, por lo que quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios».

Precisamente lo que se abre ahora es el proceso por parte del Tribunal que estimará toda la documentación que tiene en sus manos y atenderá a las alegaciones realizadas al respecto por los afectados por la propuesta de la Cámara de Cuentas, que tendrán que reponer los 7,8 millones de euros desaparecidos de la delegación de Hacienda además de 1,6 millones de euros de intereses. En el caso de no poder hacer frente económicamente tendrán que responder con su patrimonio. Por ello, el Tribunal de Cuentas puede realizar embargos en el caso de que lo considere oportuno, para garantizar la restitución de lo perdido. Habida cuenta de la cantidad tan elevada a la que se debe hacer frente lo más probable es que todos tengan que responder con su patrimonio.

Novedades

Y todo ello cuando el Ayuntamiento acaba de desestimar la petición del ex cajero para volver al trabajo. Varios informes jurídicos desaconsejan su regreso ya que su situación procesal no ha variado a lo largo de todo este tiempo. Además la vía penal continúa abierta a la espera de que se tomen nuevas determinaciones y también al administrativa, que recoge las últimas novedades. Clemente consideraba que había argumentos de peso para que su solicitud fuera aceptada ya que no existe una resolución judicial que lo condene y esta medida no puede prorrogarse sin límites. Por ello su abogado, José Luis Tellado, ya estudia nuevos recursos que poner en marcha para cambiar la situación actual del imputado.

En cuanto a la investigación policial, las pesquisas se centran en la relación entre Clemente y la familia marroquí y al parecer en la documentación se explica la desviación de unos tres millones de euros según este cauce, aunque se desconoce si se puede relacionar con la salida de euros de la caja municipal.