El juez recurre de nuevo al vídeo tras la maratoniana declaración de Urdangarin

De vuelta al vídeo después de la polémica por el maratoniano interrogatorio de Iñaki Urdangarin que se extendió durante más de 22 horas. El juez del 'caso Nóos', José Castro, dictó ayer una providencia en la que anuncia que el resto de las declaraciones que se «prevean complejas» van a ser grabadas a pesar de que la inmensa mayoría de los imputados en esta causa han mostrado su oposición a este procedimiento ante el miedo de que sus imágenes sean filtradas a los medios de comunicación.

En su resolución, el instructor trata de defenderse de las numerosas críticas recibidas por lo extenso del interrogatorio. Ayer mismo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, indicó que «no es aconsejable que las declaraciones se realicen en un marco de tensión por su extensión», si bien recordó que ninguna de las partes pidió que se suspendieran las preguntas.

Castro admite que la declaración fue de «larga duración» y que la causa fueron las continuas «interrupciones», cada «dos o tres oraciones» del imputado, para transcribir las frases en el acta. Y todo ello con un «elevado número de interrupciones» por parte de los abogados que «legítimamente» intervinieron para «cuestionar los términos exactos de la transcripción».

El magistrado, que recuerda que la vastísima declaración fue consecuencia de la «libre decisión» del yerno del Rey que pidió por escrito ser «dispensado de la grabación audiovisual», dice que dos terceras partes del tiempo se perdió en ese trámite de pasar al papel la intervención del imputado y concluye que no es de recibo que se hayan necesitado más de 20 horas de interrogatorios para apenas 42 páginas de declaración y que este sistema es «inadecuado».

«Distorsión»

Aunque el juez reconoce que la petición de Urdangarin y los otros acusados de no ser grabados estaba «más que justificada» porque la entrega de copias a todas las partes «hacía inevitable que su imagen y voz fuera objeto de una rápida reproducción y difusión en todos los medios», no está dispuesto a que se repita la «distorsión» del interminable interrogatorio del yerno del Rey. Por eso, imputados y testigos serán grabados, pero Castro se compromete a que no haya filtraciones.

«El original y copia de seguridad serán custodiados en la caja fuerte del juzgado bajo la responsabilidad de la secretaria judicial», dispone el juez, que ordena además que «bajo ningún concepto se entregue copia de la grabación al fiscal ni a las partes». Eso sí, acusaciones y defensas podrán visionar tantas veces quieran y sea posible la cinta en el juzgado, bajo estricta vigilancia para que no sea grabada.

Castro, a quien el Poder Judicial abrió una investigación -ya archivada- por las filtraciones, se muestra obsesivo con el hecho de que no se vean las imágenes. A las partes solo se les pasará «una transcripción literal de su contenido carente de toda imagen y sonido». El taquígrafo que visione la grabación para transcribirla será un funcionario o una empresa a la que se advertirá seriamente sobre el «incumplimiento de la fidelidad en la custodia» de esa cinta y la prohibición absoluta de hacer copias.