El fiscal general ordena reabrir la investigación de la masacre del 11-M

Tres años y nueve meses después de que el Tribunal Supremo respaldara la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el peor atentado sufrido en la historia de España, que se saldó con 191 fallecidos el 11 de marzo de 2004 en Madrid, la Fiscalía General del Estado ha ordenado reabrir una investigación que parecía definitivamente cerrada.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer que ha encargado a la Fiscalía de Madrid unas diligencias informativas que aclaren si los «restos ferroviarios» aparecidos en una nave del distrito de Villaverde, a las afueras de Madrid, pertenecen a uno de los vagones supuestamente afectados por el impacto de la explosión. En concreto, se trata del tren que circulaba por el barrio de Santa Eugenia.

Torres-Dulce, que tomó posesión de su cargo el 30 de enero, quiere que el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, investigue estos restos y en caso de pertenecer a los 'trenes de la muerte' indague su cadena de custodia durante los ocho años que, al parecer, han estado en un cobertizo de la empresa Tafesa, encargada de fabricar material ferroviario.

Asimismo, el fiscal general pidió conocer si ya existe algún procedimiento abierto sobre este asunto en algún juzgado de instrucción. En caso de que esto ocurra, afirmó, se archivarían las diligencias informativas, de lo contrario solicitará su «inmediata judicialización», según avanzó durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad.

Para el máximo representante del Ministerio Público -institución que defiende la legalidad, los intereses del Estado y de la sociedad- «a priori» podría tratarse de un delito de obstrucción a la Justicia, «pero es posible que a lo mejor no exista ningún delito», si bien la obligación de su departamento es investigar «cualquier hecho y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se limitó a respaldar la independencia del Ministerio Público con su decisión de investigar los hechos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se congratuló porque servirá para depurar responsabilidades.

'Notitia críminis'

Torres-Dulce reconoció que ha actuado de oficio en virtud de una 'notitia críminis', esto es, un hecho noticioso aparecido en una medio periodístico, en referencia al portal de Internet 'Libertad Digital', grupo presidido por Federico Jiménez Losantos. Esta web ha publicado en los últimos días que habían aparecido restos del tren que estalló en la estación de Santa Eugenia en marzo de 2004, en concreto el único vagón afectado que pudo ser reparado por Tefasa para su regreso a la circulación.

Un hallazgo que para este medio confirmaría que la Policía Científica dejó de lado estas pruebas y que la instrucción judicial, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, hizo caso omiso a las mismas y, en consecuencia, no se pudo confirmar la marca de los explosivos que usaron los terroristas. Duda central de los defensores de la teoría conspirativa que atribuyen el atentado a ETA.

Ello, pese a que la sentencia señaló que «toda o gran parte de la dinamita» usada en el atentado por los terroristas que se suicidaron en Leganés «procedía de la mina Conchita», y que, pese a que «no se sabe con absoluta certeza la marca comercial (...) no impide llegar a conclusiones judiciales», en referencia a la autoría islamista y su relación con la trama asturiana.

La decisión de la Fiscalía General llega después de que la Audiencia de Madrid decretara el 10 de febrero el sobreseimiento libre de la causa abierta al exjefe de los TEDAX de la Policía, Juan Jesús Sánchez Manzano, a raíz de una denuncia de la minoritaria Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que le acusaba de actuaciones irregulares en la recogida y custodia de pruebas.

El tribunal consideró que la causa instruida por la juez Coro Cillán ya había sido archivada por otro juzgado. Una decisión desacertada para Torres-Dulce, «porque tanto la identidad de los sujetos como el objeto era por completo diferente». Sin embargo, su departamento no recurrirá el archivo por ser «legalmente imposible», después de consultar con la Fiscalía de la Sala de lo Penal del Supremo.