El proceso para privatizar Aguas de Jerez se inicia esta misma semana

Ya no hay vuelta atrás. Aguas de Jerez estará gestionada por una empresa privada desde el próximo mes de mayo. Ésa es la previsión que tiene el gobierno de Jerez, y que se cumplirá si como está previsto esta misma semana se inicia el proceso para la concesión de la gestión del servicio con la celebración de un pleno extraordinario este viernes día 2.

Ese día se dará el visto bueno a la memoria justificativa de este trámite, lo que abrirá el periodo para que en el plazo de 15 días esté listo el pliego de condiciones para que las empresas puedan optar a hacerse con la gestión del servicio.

Este calendario fue el que la alcaldesa, María José García-Pelayo, dio a conocer ayer en la comisión de Presidencia donde se aprobó la memoria del cambio en el modelo de gestión del servicio de agua, el paso previo necesario para que llegue el viernes a pleno.

A este respecto, la regidora reconoció ayer que se espera que en la segunda quincena de abril esté todo el proceso cerrado, por lo que en mayo «la empresa que se elija se encargará de esa gestión indirecta».

Del mismo modo, la primera edil recordó ayer que se está trabajando para que la subrogación de la plantilla de Aguas de Jerez se haga «con todas las garantías». También se refirió a las negociaciones para evitar un incremento de las tasas por este servicio y apuntó que «se está haciendo todo lo posible». Eso sí, advirtió de que la intención es que la tasa de basura se siga cobrando en el mismo recibo del agua, como hasta ahora, y que en este caso el convenio firmado por el PSOE con Urbaser (la concesionaria de la basura) ya recogía un incremento de los costes en 2012 y 2013 que «habrá que aplicar de forma obligatoria».

Respecto a las negociaciones con los alcaldes pedáneos para ver si se suman o no a esta gestión indirecta, García-Pelayo rechazó que se les esté presionando, como denunciaba el PSOE. «Hemos tenido reuniones conjuntas con ellos, y se les ha puesto sobre la mesa las dos alternativas que existen: que se hagan cargo de la gestión o que se incluyan en el pliego de condiciones de la concesión. Son ellos los que deben optar», apuntó la regidora antes de añadir que «este tema es menor en el conjunto del proceso, porque no es significativo económicamente». Además, insistió en que «se les ha pedido que si se van a sumar a esta concesión haya un documento dando luz verde aprobado en las juntas vecinales».

Hay que recordar que con esta concesión el gobierno municipal de Jerez espera lograr una liquidez de alrededor de 20 millones solo en este primer año, lo que le permitirá hacer frente al pago de buena parte de su deuda, sobre todo con los bancos.

Lanzan un «SOS»

Por su parte, desde la Coordinadora por la Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez insistieron ayer en lanzar un «SOS», un mensaje de «alerta máxima al pueblo de Jerez sobre la venta del agua municipal y para intentar de parar esta atrocidad que nos meterá en una espiral sin salida».

Desde esta plataforma recalcaron que su intención es evitar que la ciudadanía «duplique o triplique el precio del agua que paga, solo por cuestiones de rentabilidad empresarial, de quienes tendrán que amortizar la cantidad entregada al Ayuntamiento y rentabilizar el suministro de agua al usuario. Un agua que el propio Consistorio tendrá que pagar en sus dependencias municipales, así como la de los espacios públicos; como parques y jardines. Los jerezanos acabarán pagando en su factura un rescate que en vez de salvar a su consistorio engordará las abultadas arcas de una empresa que venga de fuera».

Esta coordinadora reclamó de nuevo «una salida real y no con parches a la situación de las arcas municipales», y por eso apuntaron alternativas como «hablar de reorganización de plantilla municipal, de sostenibilidad de servicios públicos, de equilibrio justo entre producción y salario, eliminando privilegios que nunca se tenían que haber pagado y de implicación real de administraciones superiores que compensen servicios de competencias generales, que no debieran ser asumidas directamente por administradores de impuestos locales». Según apuntaron, «ésa es una adecuada y coherente aptitud gubernativa que podríamos discutir desde lo constructivo, pero que no tendría nuestro rechazo frontal».