La Fiscalía retira los cargos contra los once acusados por el desplome del viaducto de la A-7

Después de ocho sesiones a lo largo de un mes, del juicio por el accidente del viaducto de la A-7, nadie podría decir, con los argumentos esgrimidos en la sala, por qué cayó la cimbra aquel 7 de noviembre de 2005 y claro, sin causa nítida es más complicado señalar a los culpables. En un asunto tan enrevesado para los profanos en la materia, las claves las han ido aportando los peritos, los expertos que saben cómo era y se comportaba la estructura que cayó y se llevó seis vidas consigo.

La Fiscalía de Granada decidió ayer «a la vista de las pruebas practicadas» durante el juicio que comenzó el pasado 1 de febrero en Motril, retirar su acusación contra los once imputados por el accidente en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay.

El Ministerio Público pedía inicialmente hasta cuatro años de cárcel para los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión, solicitaba inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones si estaban relacionadas con la construcción.

Dado que tanto la declaración de los propios inculpados, como la de los testigos y los peritos no han revelado causas concretas sobre el desplome, sino probables, ni han apuntado posibles responsables, el fiscal ha decidido desechar su petición de pena inicial, que habrá de justificar mañana miércoles, cuando el juicio quedará visto para sentencia.

A lo largo del proceso, los imputados han señalado que el accidente era «imprevisible», los testigos que las medidas de seguridad eran «estrictas» y el inspector de Trabajo -que testificó como perito a petición del Ministerio Fiscal- puso pegas al mantenimiento preventivo de la autocimbra que para él era «insuficiente».

Los peritos han sido el epicentro del resto de sesiones judiciales. Dos de los expertos encargados de redactar un informe señalaron que tras sus investigaciones habían podido llegar a dos hipótesis pero que no podían señalar una causa inequívoca de lo sucedido. Estos apuntaron a que lo que pudo fallar fue o los tornillos o las soldaduras de la parte trasera de la cimbra, teoría en la que han coincidido el resto de peritos. En otra sesión posterior, otro de los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ratificó el informe que en su día redactó junto a otros técnicos, en el que se ponía de manifiesto que, por descarte, la posible causa del colapso eran los tornillos o las soldaduras. En la sesión de ayer, compareció un catedrático de puentes y estructuras metálicas, que dijo que la causa del desplome pudo deberse a un eventual aflojamiento de tornillos o rotura de una soldadura, y volvió a insistir en que no era previsible. Los expertos a lo largo del juicio han descartado otras hipótesis como el viento, o una grúa que usaban para ayudar al movimiento de la cimbra, punto en el que la acusación ha insistido así como en el «avance descompasado», entre otros.

Eliminación de delitos

Las acusaciones populares, ejercidas por los sindicatos CC OO y UGT, han rebajado sus solicitudes de condena y eliminado de sus imputaciones los delitos por homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Además han atribuido sólo a algunos de los procesados delitos contra la seguridad y salud laboral. Las defensas han mantenido por su parte que en este caso procede la libre absolución. CC OO atribuye finalmente un delito contra la seguridad y salud laboral a ocho de los once procesados, por el que les pide penas de dos años y medio de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 40 euros o, alternativamente, cinco meses de multa por la misma cuantía; al resto le retira los cargos.

UGT, que sólo acusaba a diez personas, mantiene sus imputaciones contra seis de los procesados por el mismo delito que el CC OO, aunque solicita penas que oscilan entre los tres y los seis meses de cárcel y multas de tres a seis meses por cuantías de entre 20 y 100 euros; a los cuatro restantes les retira los cargos. Una vez que estas conclusiones son definitivas, dos de los procesados, el encargado y el capataz de la empresa Estructura y Montajes de Prefabricados SL (EMP) quedan libres de cargos por todas las partes personadas, por lo que previsiblemente quedarán absueltos cuando haya sentencia.

El juicio quedará visto para sentencia mañana miércoles.