Comparecencia de Urdangarin

Iñaki Urdangarin acudió ayer al juzgado de Palma de Mallorca a prestar declaración como imputado por su gestión al frente del Instituto Nóos, una institución sin ánimo de lucro que firmó diversos convenios y contratos sin concurso con las administraciones de Baleares y Valencia, y el supuesto desvío de dinero público para sustraerlo al control de Hacienda. Finalmente compareció a pie, pese a la autorización que había recibido para hacerlo en automóvil, soportó el chaparrón de un grupo de airados manifestantes y explicó a los periodistas presentes que estaba allí para demostrar su inocencia y reivindicar su honor y su actividad profesional. La expectación y la irritación suscitadas por este proceso resultan bien comprensibles, dadas la relevancia social del encausado, la difícil coyuntura por la que atraviesan muchos millones de españoles y el clima de corrupción que se ha extendido en los últimos años en este país. El supuesto enriquecimiento ilícito, a través de organizaciones pretendidamente filantrópicas, de una persona que ya gozaba de un envidiable estatus y que, por su posición institucional en la real familia, tenía una obligación especial de mantener un comportamiento ejemplar, resulta tan difícil de entender como reprochable si se termina demostrando que existieron verdaderamente los ilícitos penales que denuncian los fiscales del caso. Sin embargo, al margen del impacto en la opinión pública, ahora habrán de ser los jueces quienes valoren las declaraciones de los imputados y testigos, sopesen las pruebas y lleguen a las debidas conclusiones. El propio Rey recordaba esta pasada semana en Barcelona, en un acto de entrega de despachos a nuevos miembros de la carrera judicial, que la Constitución otorga a los jueces y magistrados «en exclusiva» la atribución de juzgar y ejecutar lo juzgado. El duque de Palma, que ha guardado un profundo silencio estos meses sin duda muy amargos para toda su familia, tiene ya ocasión de defenderse y de aportar su versión de los hechos. Se mantiene, lógicamente, intacta su presunción de inocencia, y todos tenemos la obligación de aguardar el veredicto para calibrar definitivamente el alcance de lo ocurrido.

Berlusconi y la prescripción

Berlusconi fue absuelto ayer de la acusación de soborno en el 'caso Mills'. El tribunal no avaló sin embargo su inocencia sino que declaró que los hechos habían prescrito, una decisión que libera al magnate de una condena nada improbable puesto que el beneficiario de la supuesta dádiva de 600.000 dólares, el abogado británico Mills, ya había sido condenado por haber mentido al prestar testimonio en dos juicios contra Berlusconi, uno por comisiones ilegales a la Guardia de Finanzas, y otro relacionado con la financiación PSI de Craxi. Ayer, temiendo una sentencia condenatoria, Berlusconi se lamentaba del supuesto acoso judicial: «en total más de 100 procesos, más de 900 magistrados se han ocupado de mí y de mi grupo, 588 visitas de la Policía Judicial y de la Guardia de Finanzas, 2.600 audiencias en 14 años, más de 400 millones de euros para pagar a abogados y consejeros». Y varios procesos importantes le aguardan todavía, cuando ya no dispone de la cobertura que le proporcionaba el cargo de primer ministro. Su futuro es incierto, pero no por alguna malquerencia judicial sino porque, según es evidente, Berlusconi ha bordeado demasiadas veces la frontera de la ilegalidad.