Asfixiados por el déficit eléctrico

El déficit de la tarifa eléctrica, que alcanzaba 24.000 millones de euros a finales de 2011, podría sumar otros 5.000 este año, frente al máximo de 1.500 millones fijado por ley. Para impedirlo, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que los sacrificios se extenderán a todas las partes, desde las compañías a los consumidores, incluso a las cuentas públicas. Falta poco para el 1 de abril, la fecha en que podría aplicarse una subida de la parte regulada de la tarifa, que el Gobierno del Partido Popular optó por congelar a comienzos de año, en una de sus primeras decisiones tras la victoria electoral. Y Soria acaba de abrir la caja de los truenos, porque de sus palabras se ha podido deducir que a las eléctricas tradicionales, que han de ser compensadas por el déficit acumulado, se les podría pedir una renuncia, en forma de quita o de derrama. «El ministerio no está pensando en eso», saltó de inmediato el representante de estas empresas, Eduardo Montes, presidente de la asociación Unesa. El problema se agrava por días, y urgen medidas contundentes.

¿De dónde sale el déficit de tarifa?

En 2002, un Gobierno del PP inició una política de rebaja de tarifas. Los ingresos no cubrían los costes reconocidos a las empresas de generación, y ese año empezó a acumularse la deuda. Las subvenciones a las renovables dispararon la diferencia incluso cuando la tarifa empezó a subir, y lo ha llegado a hacer más de un 10% algunos años. Las acreedoras son las generadoras de entonces: corresponde a Endesa el 44% del total, a Iberdrola el 35%, a Gas Natural Fenosa el 14%, a HC Energía el 6% y a E. On España algo menos del 1%.

¿Cómo se paga?

En 2005 se ideó el sistema de colocar en el mercado los derechos de las eléctricas a cobrar lo que se les adeudaba. El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico ya ha emitido, con la garantía del Estado, títulos por 13.800 millones. Restan otros 7.000 millones, y los problemas generados por la crisis de la deuda han dificultado las últimas colocaciones. Los consumidores de todo tipo -no solo los domésticos que siguen en régimen de tarifa- pagan una cuota de reembolso anual. En 2012 está previsto un reintegro de 2.200 millones, al que hay que sumar otros 899 millones por los excesos de otros años.

¿De qué manera podría atajarse?

La ley dice que no podrá haber déficit de tarifa en 2013. Pero cada una de las partes tiene una idea distinta del modo de resolver el problema. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha dicho que se prepara una fórmula con la participación de consumidores, operadores y Estado. El ministro de Industria ha hablado de que las compañías podrían hacer una «renuncia voluntaria» y conservar «una parte del déficit en sus balances». pero también comentó que habrá que llegar a una solución «con o sin consenso», lo que ha disparado las alarmas entre las eléctricas tradicionales.

¿Qué sugiere el sector?

Frente a la posibilidad de una quita, que consideran 'ilegal', y causante de inseguridad jurídica, las generadoras de toda la vida parecen aceptar mejor la idea de una derrama, que extendería al régimen especial, es decir, a las productoras con energías renovables, la financiación del déficit. Pero el sector ya no es lo que era: las generadoras no convencionales aportan el 40% de la energía eléctrica. La cuestión reside en que el precio al que estas nuevas tecnologías proporcionan el kilovatio/hora es, en bastantes casos, mucho más elevado.

¿Cómo repercuten estos costes?

La factura eléctrica tiene dos componentes. La mitad depende de la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista y en ella incide la trayectoria de la cotización del petróleo, ahora en plena escalada. La otra mitad está regulada para todos. Ahí figuran los peajes y otros costes asociados. Los peajes son los costes del transporte y la distribución, además de una compensación al sistema extrapeninsular que algunas empresas cuestionan. Cuando alguien se desplaza de la península a Canarias, la ayuda al transporte aéreo corre a cargo del Estado y no del resto de los viajeros, argumenta el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca. Pero el grueso de las quejas se dirigen a los costes asociados: ahí aparecen las anualidades de reintegro del déficit, los incentivos a la interrumpibilidad y los conceptos más conflictivos: los pagos por capacidad y las primas a las renovables.

¿Tienen razón las empresas eléctricas cuando afirman, como hace el presidente de Iberdrola, que el 50% del precio final de la electricidad son costes ajenos al sector eléctrico?

Las primas a las renovables han aumentado el 443% entre 2005 y 2010 hasta alcanzar los 7.134 millones. Además, puesto que algunas de estas tecnologías necesitan un soporte alternativo -por si no llueve o no sopla el viento-, la factura final debe incluir la compensación a las empresas generadoras que mantienen inactivas instalaciones que resultarán indispensables para no tener que cortar el suministro. En el argot del sector se conocen como «pagos por capacidad» y se destinan no solo las térmicas que queman carbón nacional, sino también a las centrales de ciclo combinado (gas).

¿Qué sentido tiene el cruce de acusaciones entre los generadores?

Según los productores convencionales, una vez incluidas las primas a las renovables, el MW/h sale a 61 euros en el mercado eléctrico, y sube a 70 euros el generado con energía eólica. En la fotovoltaica escala los 121 euros y se dispara a 332 euros en la termosolar. Para atajar la sangría del déficit, las eléctricas tradicionales han propuesto desde parar los 1.200 MW de generación ya preasignados (un ahorro que oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros) hasta reducir las primas de forma generalizada. Consideran un parche el real decreto ley de 27 de enero pasado que paralizó las compensaciones a las nuevas renovables y la cogeneración., mientras persista un déficit al que nadie tiene del todo claro cómo poner coto.