Piden penas de seis años para los trece imputados en la 'operación Tulipán'

El grupo Greco de Jerez, especializado en la lucha contra la droga y el crimen organizado, engrosó las páginas de los periódicos en septiembre de 2010 cuando protagonizó dos importantes operaciones contra el narcotráfico casi simultáneas por las que los agentes se incautaron de 1.900 kilos de hachís. La primera de ellas, bajo el nombre de 'Chipirón', tuvo lugar en Sanlúcar con la intervención de 1.200 kilos mientras que la segunda se produjo al día siguiente en El Puerto, donde requisaron 700 kilos en otro gran alijo. En virtud de esta última operación, bautizada con el nombre de 'Tulipán', se sentarán en el banquillo el 13 de marzo 13 miembros de una presunta red delictiva, a los que se acusa de un delito contra la salud pública.

Una de las características más curiosas de esta banda es que está formada por individuos de nada menos que seis nacionalidades: española, alemana, holandesa, turca, italiana y belga. Como han informado fuentes solventes del caso, la mayoría de ellos residía en Jerez o visitaba la ciudad con asiduidad, a pesar de que operaban en diferentes puntos de la provincia y fuera de ella, fundamentalmente costeros. La investigación arranca, de hecho, por iniciativa del Grupo de Estupefacientes de la Costa del Sol con sede en Málaga, al que se une el Servicio de Vigilancia Aduanera y el citado Greco de Jerez.

Es en el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad donde se incoan las diligencias previas y se autorizan las escuchas telefónicas en septiembre de 2010, con el fin de poner cerco a este grupo de personas dedicadas presuntamente a la introducción y distribución de cantidades notorias de hachís y polen de hachís por el litoral andaluz. Así, comienza a investigarse a una red que disponía de una embarcación de 7,20 metros de eslora equipada con un motor de gran potencia, provista de doble fondo al que se accedía mediante una combinación exacta de interruptores que elevaban el puente de mando a través de un motor hidráulico.

Un vehículo atracado en el puerto deportivo de Barbate, que supuestamente era utilizado para llevar a cabo el narcotráfico. A raíz de las primeras pesquisas y siempre según estas fuentes, la Policía empieza a ser testigo de los 'negocios' de los imputados, que inician varios operativos en diferentes días teniendo como epicentro localidades como Málaga, Algeciras, Barbate y Jerez, y que son finalmente abortados debido al estado poco propicio de la mar.

El 19 de septiembre, por fin, parece que se termina de llevar a cabo la operación. Es en esa fecha cuando varios de los acusados se reúnen en la provincia, tras recibir una llamada de Marruecos indicándoles que la embarcación ya ha sido cargada con la sustancia estupefaciente. Mientras los individuos ultiman presuntamente los detalles del delito, agentes policiales localizan la embarcación, que permanece largo rato parada frente a la bocana del puerto de Sancti Petri.

25 fardos

Como explican estas fuentes, si en un principio la intención era alijar en la Bahía de Cádiz, donde una furgoneta se encontraba esperando la mercancía, el hecho de que la embarcación se esté quedando sin combustible precipita las cosas y obliga a atracar en El Puerto. Sobre las 16.00 horas, los funcionarios apostados comprueban cómo llega el vehículo a su destino, por la desembocadura del río Guadalete, observando a dos individuos con mochilas que se sientan a esperar en un bar cercano.

Los agentes intervienen en ese momento y aprehenden 25 fardos de la barca, con un peso de casi 700 kilos de hachís por un valor que ronda el millón de euros. A. D. L, G. P. y A. C. quedan detenidos como los coordinadores de la operación; G. J. J. por hacer las veces de piloto de la embarcación; M. P, como individuo designado para conducir la furgoneta destinada al transporte; N. E, como copiloto de este último; J. G. G, como intermediario; J. M. F. G. también como mediador y E. M. B. como copiloto de la barca.

Además, aparecen los nombres de R. O. S. y F. G. M. como los iniciadores de toda la operación, ya que eran las personas encargadas del mantenimiento de la embarcación por los dueños de ésta, ajenos por completo a la actividad ilícita. Los dos acusados, pues, aprovecharon esta circunstancia y contactaron presuntamente con narcos para obtener un sobresueldo. J. C. C. R. les puso en comunicación con ellos.

El fiscal considera a diez de ellos autores de un supuesto delito contra la salud pública, y a los otros tres cooperadores necesarios. Para todos pide penas que oscilan entre los cinco y los seis años de cárcel, además de dos millones de euros de multa correspondientes al doble del valor de la sustancia intervenida, más las costas procesales.