Griñán subraya que la instrucción de los ERE coincide con la campaña

La instrucción del caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos sigue levantando ampollas en el Gobierno andaluz y en el PSOE. La juez instructora, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en plena campaña electoral a dos de los imputados sobre los que hay mayor expectación mediática. Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y considerado el principal implicado en la trama de fraude a los fondos públicos de la Consejería de Empleo, comparecerá ante la magistrada el día 7 de marzo, pero su declaración puede prolongarse al día siguiente, víspera del comienzo de la campaña electoral. Mientras que Juan Francisco Trujillo, el chófer que confesó destinar parte de las subvenciones recibidas a cocaína y fiestas con su exjefe Guerrero, deberá declarar el día 20, cinco días antes de las elecciones.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, subrayó ayer a preguntas de los periodistas esta coincidencia, sin querer entrar en comentarios o valoraciones de la misma. Sin embargo, la sola mención del hecho hizo ver el malestar por tales coincidencias en una campaña que se presenta difícil para el partido en el Gobierno. Todas las encuestas dan como ganador al PP.

Griñán hizo la siguiente aseveración: «La prensa ha dicho que coincide con la campaña y yo coincido con la prensa». El día antes su número dos, Susana Díaz, fue más explícita en la queja: «Lamentablemente, la jueza vuelve a interferir en una campaña electoral, porque ha tenido mucho tiempo para llamar a declarar a gente que lleva bastante tiempo ya imputada».

Críticas del PP

La secretaria de Organización del PSOE-A se refería, entre otros, al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quien recibió un escrito de imputación de la magistrada hace cerca de un año y todavía no ha sido llamado a declarar.

Por otra parte, el Partido Popular ha pedido de nuevo la dimisión de José Antonio Viera como diputado del Congreso. Guerrero le señaló en una nueva declaración ante la Guardia Civil como promotor de 15 millones de euros en ayudas a empresas de militantes socialistas de la Sierra Norte de Sevilla que están siendo investigadas por su posible concesión ilícita.

Según el informe de la Guardia Civil remitido a la jueza, el exconsejero de Empleo tuvo un «papel esencial» en la concesión de dichas ayudas. «Está obligado a dimitir y no puede permanecer en un cargo público ni un minuto más», dijo el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien acusó a Viera de mentir por haber asegurado no tener conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades. «Estamos en los últimos peldaños y cada día se cerca más a altos dirigentes de la Junta», sentenció.