PP y PSOE llevan los incidentes de Valencia al centro de la pelea política

Las cargas policiales contra los estudiantes que protestaron en Valencia porque los recortes dejaron sin calefacción a varios colegios e institutos se situaron ayer en el centro de la confrontación política de la mano de los dos grandes partidos nacionales. Fue el tema estrella del intercambio de golpes parlamentarios durante la sesión semanal de control al Gobierno. Superó incluso, por la virulencia de los ataques verbales, a otros asuntos de mayor calado como la reforma laboral o el proceso para la liquidación del terrorismo.

El fuego lo abrió la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, que le afeó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, que su Gobierno «no puede difamar a los convocantes de una manifestación y reprimirlos de forma desproporcionada, máxime cuando son menores de edad». «No son los enemigos los que están en la calle, son nuestros hijos», aseguró en alusión a la descripción que hizo de los estudiantes el jefe superior de Policía de Valencia. Sáenz de Santamaría se limitó a contestarle que las protestas que se producen en las últimas semanas responden de las medidas de urgencia que tiene que asumir el Ejecutivo porque «el Gobierno socialista nos ha traído hasta aquí», con un fuerte agujero en las cuentas públicas y cifras millonarias de paro.

Nuevas protestas

Sin embargo, el rifirrafe que subió al máximo la temperatura política fue el mantenido entre la extitular de Sanidad Leire Pajín y el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La diputada acusó al PP de «mermar los derechos y reprimir con violencia las manifestaciones» siempre que llega al Gobierno, acusó a Wert de «mirar para otro lado» mientras su compañero de Interior admite posibles «excesos» policiales y el de Justicia justifica las cargas, y volvió a insistir en que los estudiantes «no son el enemigo» sino que protestan porque «no tienen calefacción en una comunidad en la que se han hecho aeropuertos inservibles», en referencia al de Castellón.

El titular de Educación contestó que lo que a él le «causa sorpresa» es que los socialistas «se ponen del lado de la protesta violenta, de la protesta que infringe la ley». Frase que fue sucedida de fuertes aplausos de los populares y abucheos socialistas. No contribuyó a rebajar la tensión la acusación de la diputada del PP e inspectora de Policía en excedencia Ana Belén Vázquez, que describió la actitud de los socialistas sobre los incidentes de los últimos días como «carroñera».

El resultado fue que tanto Soraya Rodríguez como la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, diesen sendas ruedas de prensa para exigir a Wert, a quien calificaron de «inepto» e «irresponsable», una «rectificación inmediata» de sus acusaciones y, en su defecto, que sea el propio presidente Mariano Rajoy quien salga a desautorizarlo. Rodríguez señaló que la «mesura y sentido común» que el presidente del Gobierno reclamó a todos para evitar que las calles españolas se incendien como las de Grecia se las debe aplicar su equipo.

Horas después del pulso político en el Congreso, miles de personas volvieron a recorrer las calles de Valencia para protestar por los recortes educativos y las cargas policiales tras la pancarta «Somos el pueblo, no el enemigo» y entre gritos de dimisión dirigidos a la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León. Las protestas de apoyo volvieron a extenderse a otras ciudades como Sevilla, Pamplona o Barcelona.

De hecho, Sánchez de Léon, que está en el ojo del huracán político por los incidentes, recibió en su despacho a varios representantes sociales que le pidieron explicaciones por las cargas contra estudiantes y reclamaron que se depuren responsabilidades si se comprueba que policías o políticos se extralimitaron.

Así se lo reclamaron los rectores de las universidades de Valencia y la directora del instituto Lluís Vives, cuyos alumnos recibieron las primeras cargas policiales. También visitó a Sánchez de León el Sindic de Greuges de la Comunidad, que informó que había abierto una investigación tras recibir 38.000 quejas por los incidentes y que dijo que su homólogo nacional, el Defensor del Pueblo, también indaga en lo ocurrido.

Los sindicatos policiales criticaron los deslices de los políticos y defendieron la «proporcionalidad» de la actuación de sus compañeros.