La plantilla de los astilleros teme un ERTE ante la falta de carga de trabajo

Los trabajadores del Astillero de Puerto Real vuelven hoy a las protestas después de una semana en blanco en la que no habido ningún cambio en su situación. La carga de trabajo sigue sin confirmarse y entre la plantilla comienza a nacer el temor de sufrir un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) que deje a parte de la plantilla en la calle. La nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno Central contribuye a este sentimiento de inquietud al eliminar la capacidad de actuación de la Autoridad Laboral, la única competente hasta ahora para poner trabas a la presentación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que podría limitar de algún modo que se llevara a cabo el ERE.

Desde el comité de empresa del Astillero de Puerto Real, su presidente Ramón Linares, ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación porque el Gobierno Central decida suprimir parte de la plantilla. «Con la que está cayendo en este país puede pasar cualquier cosa, desde un ERTE a que cualquier directivo o miembro del Gobierno planteen un escenario como ya lo hicieran durante su anterior legislatura». Linares teme que el Partido Popular «pueda no sólo eliminar algún centro sino llevar a cabo una privatización del sector. Es algo que no se escapa de nuestras manos». Aunque Linares reconoce que aún «no hemos llegado a ese escenario tememos que pueda desarrollarse en un futuro, más aún teniendo en cuenta como está la cosa ahora».

El próximo viernes se reunirá el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista del grupo naval público, para, entre otras cuestiones, designar a un nuevo consejero delegado que sustituya a Luis Cacho.

Este nuevo nombramiento no deja indiferente a la plantilla de Puerto Real donde «ya no hay carga de trabajo» pero confían en que traiga compromisos bajo el brazo. «El problema no es que haya un nuevo nombramiento sino la voluntad política del que venga».

La situación es más que preocupante para los cerca de 600 trabajadores que forman la plantilla del Astillero de Puerto Real. Por este motivo, los empleados decidirán hoy en asamblea nuevas movilizaciones a desarrollar durante la jornada para reivindicar, una vez más, la carga efectiva de trabajo. «No hablamos sólo de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima», que daría empleo a unas 6.000 familias de la Bahía de Cádiz, «también pedimos que se concreten acuerdos y compromisos de la carga de trabajo civil», recuerda Linares.

Los 600 trabajadores aún aguantan en el dique más grande de la Bahía de Cádiz, pero Linares alerta de que ya se han producido Expedientes de Regulación de Empleo «e incluso despidos» en las empresas auxiliares que actualmente se ha quedado en «unos 250 empleados».

Último barco para Venezuela

Entre protesta y protesta, la plantilla de los trabajadores de Navantia de Puerto Real está ultimando los preparativos para la entrega del último patrullero oceánico de vigilancia (POV) de la zona económica exclusiva a la Armada venezolana. La entrega de este barco está prevista en un principio para el mes de marzo aunque puede retrasarse por los problemas de salud del presidente venezolano Hugo Chávez.

La entrega del último buque supondrá el fin del acuerdo de cooperación que firmaron los gobiernos de España y Venezuela hace ya siete años y que contempló, entre otros contratos, la construcción y adquisición de cuatro patrulleros oceánicos y cuatro de vigilancia litoral a la empresa española Navantia. Este contrato firmado por un importe de 1.200 millones de euros, supuso para los astilleros gaditanos 5 millones de horas de trabajo.