El Gobierno investigará si hubo «excesos policiales» en Valencia

24 horas después de las duras cargas de los antidisturbios el lunes en Valencia que se saldaron con 25 detenidos y once heridos y tras tensas discusiones entre los mandos policiales y los responsables políticos del Ministerio del Interior, el Gobierno, por boca de su delegada en la comunidad, Paula Sánchez de León, anunció la apertura de una investigación para esclarecer si en la actuación de las Unidades de Intervención (UIP) hubo algún tipo de «exceso policial».

La delegada -última responsable de la actuación de las UIP y la persona que, según diferentes policías que actuaron en Valencia, dio la orden directa de disolver a los jóvenes del instituto Lluis Vives- hizo el solemne anuncio poco después de que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitiera públicamente que en la capital del Turia pudo darse «algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía».

Las palabras de Fernández, que se mostró dispuesto a dar explicaciones en el Congreso, desataron las críticas en el cuerpo y, muy en particular, en el sindicato mayoritario de la institución, el SUP. La central llegó a tildar al ministro de «cobarde» por cargar contra los agentes y no destituir a la delegada del Gobierno, quien ordenó el desalojo. «Descargar toda la responsabilidad en que la actuación de la Policía ha sido excesiva es políticamente cobarde y moralmente miserable», explicó el sindicato, que culpó de todo lo sucedido a Sánchez de León y al jefe superior de Valencia, Antonio Moreno, quien se refirió a los manifestantes como el «enemigo». Precisamente, todos los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, pidieron la inmediata destitución de ambos.

Varios defensores

Antes incluso de que el Ejecutivo abriera diligencias y de que Amnistía Internacional reclamara la apertura de una investigación, la Defensora del Pueblo puso en marcha otras diligencias de oficio sobre las cargas policiales del lunes. De forma paralela, también el síndic de Greuges y el Defensor del Menor en la Comunidad Valenciana, José Cholbi, anunciaron la apertura de otro expediente para saber si durante las cargas de los últimos días hubo «vulneración de derechos de menores».

En total, el lunes hubo 25 detenidos, seis de ellos menores, que fueron puestos en libertad en cuestión de horas junto a otros siete jóvenes. A estos arrestados hay que sumar los 17 de la semana pasada, entre los que también había menores.

Precisamente, ayer el juez dejó en libertad a las 12 personas detenidas en la última protesta, aunque acusadas de resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.

Entre tanto, ayer se sucedieron las protestas de estudiantes y ciudadanos en Valencia, esta vez sin incidentes, y en varias capitales de provincia más. La manifestación más numerosa tuvo como escenario la capital valenciana, donde varios miles de personas marcharon por el centro de la ciudad hasta concentrarse frente a la sede del PPCV.