El gobierno espera legalizar 5.173 casas en un máximo de doce años

«En un máximo de doce años el fenómeno de las EMAS pasará a la historia». El alcalde, Enrique Moresco, anunció la puesta en marcha del proceso regularizador de viviendas una vez que la Junta de Andalucía haya aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Se trata 47 diseminados de viviendas o EMAS, que ocupan unos cinco millones de metros cuadrados de suelo en la periferia del municipio. Se prevé que las primeras obras de urbanización comenzarán en el primer trimestre de 2013. Cada propietario tendrá que pagar su parte, pero el Ayuntamiento ya negocia con varios bancos para facilitarles créditos.

La intención del gobierno local es iniciar una ronda de reuniones con los propietarios de cada diseminado para llegar a acuerdos bajo el asesoramiento de técnicos y profesionales del sector. De hecho ayer mismo se celebró un primer encuentro con los residentes en cinco EMAS y se prevé hacer lo propio con el Consejo de Distrito de la Periferia, aunque aún no hay fechas. Todo el proceso se regirá a través de una ordenanza municipal que estará lista de forma provisional a mediados de marzo y con su versión definitiva el próximo mes de junio. Para entonces estarán listos los primeros instrumentos de desarrollo: planes parciales y planes generales, según corresponda a cada diseminado.

Integrar en la malla urbana

En el caso de los núcleos que tengan un alto grado de consolidación y cercanía a la ciudad solo será necesario un estudio de detalle. Los planes se elaborarán durante el segundo semestre del año para, en el primer trimestre de 2013 iniciar la actividad de ejecución de cada uno, por fases. Se prevé que durante los primeros seis meses del año existan actuaciones en la casi totalidad de las EMAS. El objetivo del Ayuntamiento es integrarlas en la malla urbana y que no sean zonas aisladas, sino imbricadas en el modelo de ciudad en un proceso que se convertirá a su vez en un motor económico. No en vano, según palabras del alcalde, habrá más de cinco mil pequeños promotores que propiciarán la creación de empleo en un sector tan castigado como la construcción.

En esta línea, el edil de Urbanismo aseguró que el personal del área realizará un esfuerzo para planificar las distintas urbanizaciones con el menor coste posible. «Es fundamental el abaratamiento y la optimización de recursos tanto en las obras como en el posterior mantenimiento. Un vial principal no tendrá el mismo diseño que aquel que solo lleve a una casa. No será tan amplio». A este respecto Muñoz aseguró que ya se han entablado contactos con entidades bancarias para que buscar fórmulas de financiación y que la regularización sea lo más asequible posible a los bolsillos de los propietarios. «Somos conscientes de lo complicado de la situación económica y queremos facilitar el gasto a los vecinos». Con todo, el PGOU contempla un plan bianual de inversiones que se aplicará en función de la lejanía y el acceso a los servicios generales de electricidad y agua.

Pero no todas las viviendas ilegales van a hallar una salida. El dictamen de la Junta con respecto al PGOU dejó claro que la Sierra de San Cristóbal y los asentamientos del corredor verde -Pago Machete, Las Manoteras, Whynthuisen, etc no se pueden regularizar, aunque sí pueden agarrarse al Plan Especial de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que está en proceso de revisión, para acogerse a algún régimen de fuera de ordenación, que no implica la legalización. Como tampoco lo hace el decreto de la Junta, cuya aplicación a estos casos también será estudiado.