El chivatazo a ETA se congela

La condena del Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, inhabilitado 11 años por prevaricación en las escuchas del 'caso Gürtel', tiene efectos colaterales no solo en el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que ahora busca nuevo inquilino, sino en las importantes causas que allí se investigan. Una de ellas, el presunto chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún, se encuentra paralizada desde diciembre, y todo indica que así seguirá hasta que no llegue el nuevo magistrado que sustituirá a Garzón.

El Consejo General del Poder Judicial formalizará en el pleno de este jueves la expulsión de Garzón de la carrera judicial. A partir de ese momento, la comisión permanente del Consejo tiene previsto sacar la convocatoria de la plaza para todos los jueces y magistrados que se quieran presentar. El anuncio aparecerá en el Boletín Oficial del Estado y deberá contener las bases y el plazo marcado por ley para demandar la vacante.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces calculan que hasta dentro de un mes, más o menos, no se elegirá al sustituto de Garzón, ya que entre medias debe intervenir la comisión de calificación y elevar a la comisión permanente una terna con los jueces con más experiencia para el puesto.

Durante ese proceso será el juez Pablo Ruz quien continúe en el juzgado, al que llegó en junio de 2010 después de que el Consejo suspendiera por primera vez a Garzón, y se mantendrá de forma interina hasta que no se elija al sustituto, señalan fuentes del Consejo. En ese plazo se limitará a las gestiones y trámites rutinarios.

Pese a que la ley orgánica del poder judicial, en su artículo 118.3, obliga a destinar «la primera vacante que se produzca en los juzgados del mismo orden» a los jueces que ocupen su puesto como adscrito, Ruz seguirá al frente pese a que su compañero Eloy Velasco, del central de instrucción seis, ocupa la plaza que dejó temporalmente Manuel García Castellón, actual magistrado de enlace en Francia. Como este no ha solicitado recuperar su plaza, las cosas seguirán como estaban.

Esto conlleva que Ruz siga al menos un mes más con algunos de los casos más calientes que se investigan en la Audiencia Nacional. Entre otros, el 'caso Faisán', que es la derivada del chivatazo a ETA, el 'caso Gürtel', 'Guantánamo' o el fraude de Nueva Rumasa.

Varapalo

Por su relevancia, y por el actual «cese de la actividad armada» de ETA, el caso del chivatazo policial sobresale del resto. Después de que el pleno de la Sala de lo Penal revocara el 21 de septiembre la decisión de Ruz de procesar a los tres altos cargos policiales imputados, el ex director general Víctor García Hidalgo, el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, la investigación dio un giro copernicano.

El pleno de la sala ordenó por unanimidad a Ruz volver a investigar el caso porque los indicios contra los acusados, procesados por colaborar con banda armada, eran insuficientes. No obstante, le instaron a seguir indagando porque había evidencias de la existencia de un hecho delictivo en el soplo al aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006, en plena tregua.

Tras el duro varapalo, Ruz preguntó en diciembre pasado a la Fiscalía qué diligencias debía practicar ahora para completar la investigación. Esto llegaba después que la sala le dijese que «no se podía afirmar» que la llamada de la filtración se produjera en el interior del bar Faisán de Irún ni que la persona que entregó el móvil al dueño del bar, Joseba Elosúa, fuera el inspector Ballesteros, ni que el soplo se produjera en las horas señalas ni menos aún que estemos ante una delación policial.

La Fiscalía aún no ha respondido y no tiene previsto hacerlo mientras la plaza del juzgado de Garzón siga en interinidad. Entretanto, Ruz continuará con la tramitación de otros asuntos como el 'caso Gürtel', donde imputó el 8 de febrero a 13 personas por la visita del Papa, el fraude de Nueva Rumasa o 'Guantánamo', después de reavivar la investigación.