CARNAVAL EN TIEMPOS REVUELTOS

El carnaval convive este año con una nueva recesión y, en lugar de disfraz, a medio Cádiz no le llega la camisa al cuerpo: a la escalada del paro se suman los escándalos políticos que sacuden algunos planes de empleo gestionados por el PSOE o los desafueros contables de la Zona Franca que gestionara el PP y que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. A todo ello se une la atmósfera pre-electoral de cara a las próximas autonómicas, las protestas del 15M centradas durante las últimas semanas en el desahucio deValcárcel, el ERE de Visteon, el puente que parece tan abolido como el del calendario o el pintoresco cambio de temario para las oposiciones a colegios e institutos que ha devuelto a los aspirantes a profesores al año 93, cuando todavía existían los magnetofones. Incluso el propio concurso carnavalesco vivió de cerca algún foco de conflicto, como las protestas laborales que tuvieron lugar en vísperas de la Gran Final ante la Catedral de los Ladrillos Colorados. O la extraña convocatoria a través de twitter para una supuesta actuación de la comparsa de Antonio Martín en la escalinata de la Facultad de Medicina, cuando esta agrupación, incluyendo a su director y a Miguel Nández, participaba en el club deportivo Elcano, en el ensayo del pregón que anoche pronunció Niña Pastori.

Hoy domingo, cuando las calles de la capital estén llenas de bateas de coros, chirigotas legales o forajidas, comparsas de toda suerte, romanceros y cuartetos, tendrá lugar una concentración contra el 'reformazo' laboral del Gobierno de Rajoy, junto a la subdelegación del Gobierno central, ante las murallas de Puerta Tierra, que no son precarias precisamente. Similares concentraciones se vivirán en el resto del país y, a escala provincial, en Jerez y en Algeciras. Comisiones Obreras, UGT e IU son algunos de los promotores de estas movilizaciones que, en el caso de la trimilenaria, se verán naturalmente afectadas por las carnestolendas. El Partido Andalucista, eso sí, anticipó a una semana antes su marcha a favor del empleo y contra el paro que partió desde Cádiz y que tiene previsto alcanzar la capital española, aunque no esté gozando hasta ahora de especial difusión. Otras centrales como CGT y CNT preparan sus propias medidas de protesta contra una reforma laboral que ha logrado incluso concitar la oposición del CSIF, el más veterano sindicato amarillo de la administración.

En Andalucía, en enero de 2012, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ascendió a 1.008.202 personas, de las que 191.470 estaban inscritas en la provincia de Cádiz. El Gobierno del PP justifica la reforma laboral en la necesidad de flexibilizar los mercados pero después asegura que no va a crear puestos de trabajo y que, al menos durante los dos próximos años, se multiplicará el número de oferentes de empleo, neologismo utilizado por el presidente de la Junta José Antonio Griñán para bautizar a los que no tienen curro. Lo que facilita sin duda es el despido, pero para eso no hace falta una reforma sino proseguir con la contención del déficit y el estrangulamiento de los presupuestos públicos. Eso es lo que afirman los sindicatos, aunque actualmente no gocen de un alto índice de popularidad.

Esa última circunstancia es la que les ha llevado a optar por movilizaciones escalonadas antes de convocar una huelga general propiamente dicha. Hace unos días, tanto Manuel Ruiz, secretario general de CCOO en Cádiz como Salvador Mera, que ocupa ese mismo cargo en la UGT provincial, convocaron a los periodistas para explicarles que la reforma tan sólo consistía en «otorgar mayor poder a los empresarios para despedir a padres con derechos para contratar a hijos sin ningún derecho». Para la bahía de los sordos de Astilleros, de los eres a porrillo y de la caída del sector de la construcción y del sector pesquero, esto supondrá, por ejemplo que un trabajador que hasta ahora tendría derecho a cobrar una indemnización por despido de 45 días por año, a un promedio de 60.000 euros, vea reducida dicha cantidad a 9.000.

En lugar de la negociación y el diálogo, se invita a la conflictividad, asumen los sindicatos, que se muestran especialmente críticos con el 'poder discrecional' que se otorga a los empresarios frente a los derechos de los trabajadores. Dos bajas por enfermedad en el curso de dos meses puede llevar al despido procedente, por ejemplo. En quince días puede resolverse un despido objetivo. Y si se basa en causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, será de 20 días y un máximo de 12 mensualidades. Pero si además, la empresa pretende modificar salarios, jornadas o elementos sustanciales de las relaciones de trabajo, el despido en este caso sería igualmente de 20 días pero sólo por nueve mensualidades.

Todos los caminos conducen a Roma, esto es, al despido. Eso dicen las centrales, que critican el hecho de que ya no haga falta la intervención de la autoridad laboral a la hora de decidir un ERE y de que los convenios puedan negociarse empresa a empresa, fuera del marco de aplicación provincial de los mismos. Mera y Ruiz tampoco olvidan recordar que la nueva normativa permite la bajada de salarios hasta el nivel que la empresa considere necesario para sus intereses, la modificación de jornadas, de horarios, de contratos, de «todos los derechos sustanciales e inherentes hasta ahora de los trabajadores».

«El modelo de contratación que configura esta reforma para las empresas de menos de 50 trabajadores y para trabajadores autónomos, que suponen el 98% de las empresas de Andalucía, permite mantener durante un año a los trabajadores empleados sin generar sin ningún tipo de derecho y pudiendo ser despedidos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización», denuncian.

Por no hablar de los servicios públicos, donde el Estado se adelgaza, desde la administración central a la autonómica, que ya está viviendo despidos en sus empresas públicas. Los sindicatos estiman que «más de la mitad de los trabajadores de la Administración van a poder ser despedidos con 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, provocando una inestabilidad en los servicios o permitiendo que los servicios prestados por esos trabajadores puedan prestarse por empresas privadas». En el caso de la Junta, esta decisión «podría afectar a más del 50% de la plantilla, con especial incidencia en todos aquellos servicios de atención directa al ciudadano, como residencias de mayores, servicios especializados de atención a discapacitados o servicios de asistencia social». Por cierto, nadie sabe decir cuanto empleo han creado las anteriores reformas laborales. Tampoco es posible prever cuantos puestos de trabajo destruirá la que acaba de aprobar el rodillo del PP. El 29 habrá nuevas movilizaciones sindicales. Y ya entonces no tendremos la excusa del Carnaval para no acudir a ellas.

Zona Franca, más allá del caso Rilco Jorge Ramos Aznar ha aterrizado como delegado del Gobierno en la Zona Franca en una situación nada favorable, cuando dos predecesores suyos adscritos a su misma formación se sientan en el banquillo de los acusados: Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, que según Cuentas fueron responsables de la desaparición de 4,3 millones. El ministerio público cree que el exdelegado Rodríguez de Castro se apropió de 1,5 millones. En cambio, no está demostrado que Osuna accediera a un beneficio directo, pero conocía la ilegalidad de su predecesor y no la interrumpió. Es el 'Caso Rilco', supuesta red iberoamericana de logística y comercio, creada por Rodríguez de Castro y que enlaza con sus cómplices en Miami. El PP de Cádiz lanza balones fuera y sigue apoyando a Osuna aunque su entusiasmo decae. Ramos Aznar, exconcejal de Urbanismo de Algeciras, tiene oportunidad de presentar una gestión impecable de una de las últimas fuentes de riqueza de la Bahía. ¿Quién sabe?A lo mejor consigue establecer sinergias entre Zona Franca de Cádiz y el Campo de Gibraltar.