«El Ministerio Público necesita de más herramientas para luchar contra la corrupción»

Visita fugaz por Cádiz para asistir al Consejo Consultivo de Andalucía, pero tiempo suficiente para ponerse al día de la actualidad gaditana, que no cambia mucho de aquella que le describen en los informes que regularmente le llegan desde la Fiscalía provincial. Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía, estuvo el pasado jueves en la capital y antes de responder a la agenda del día, visitó la redacción de LA VOZ. Un café mañanero sirvió para introducir una charla sobre una de sus aficiones. Le encanta la literatura y defiende con suma elegancia aquella que se escribe en verso. Después de cada introducción, llega el nudo de toda historia, artículo o entrevista; desabrochada la chaqueta pero pertrechado de bolígrafo y papel, García Calderón se dejó preguntar sin mirar el reloj. La primera cuestión no pudo eludir la actual situación económica que contamina cualquier asunto que se trate:

-Época de fuertes recortes en las administraciones públicas, ¿teme que afecten aún más al funcionamiento del Ministerio Público?

-La escasez de medios no es ninguna novedad para nosotros. Llevamos muchos años reclamando una mejor dotación de recursos, como por ejemplo, la incorporación de instrumentos informáticos. La carencia más importante la tenemos en el cuerpo de funcionarios auxiliares. Se hace necesario contar con una plantilla incentivada y especializada que no tenemos en la actualidad y que sirva de apoyo a la labor de los fiscales, que sí han emprendido un proceso de especialización para ser más eficaces. Esta escasez de plantilla es trágica. Le aporto un dato, los funcionarios que tiene el Ministerio Público no llegan al 8%.

-Esa falta de personal es especialmente acuciante en la Fiscalía gaditana, según aparece reflejado en sus últimas memorias ¿qué radiografía actual hace de esta Fiscalía, especialmente marcada por sus peculiaridades geográficas, con dos sedes como Jerez y Algeciras que generan mucha actividad?

-Es cierto que ese condicionante geográfico afectaba a su funcionamiento interno, pero la creación de las fiscalías de áreas ha sido enormemente beneficiosa. No en vano, Cádiz es la única provincia que cuenta con tres fiscalías de área en respuesta a esa peculiaridad. Pero en esa radiografía no podemos olvidarnos de la principal queja que nos llega de esta fiscalía provincial y es la excesiva carga de trabajo que soporta.

-El debate de la falta de medios en Justicia es interminable, ¿ha trasladado el nuevo fiscal general del Estado posibles iniciativas futuras para ir enmendando esta situación?

-Ya ha anunciado su intención de presentar en el plazo de un año el libro blanco de la Fiscalía donde se hará un análisis de la situación presente con las aportaciones que salgan de los distintos territorios y estas carencias de las que le hablo seguro que aflorarán.

-Pero para eliminar esas carencias se piensa a priori que se debe invertir más y eso parece una quimera en los tiempos que corren de ajustes a la baja.

-No se trata tanto de aumentar plantillas sino de hacer una redistribución eficaz de las cargas de trabajo. Es un auténtico despropósito que aquellos órganos que se encargan de las instrucciones, de investigaciones de gran calado como aquellas que persiguen el crimen organizado, deban atender a su vez juicios de faltas; asuntos que podrían despenalizarse, resolviéndose sin llegar al enjuiciamiento.

-En los próximos meses se conocerá la memoria de actividad de 2011 de las distintas fiscalías andaluzas, ¿le ha llegado algún avance del informe de Cádiz? ¿Alguna novedad en la aparición de nuevas realidades delictivas o saltos cualitativos?

-Hemos recibido algunos avances, pero estamos en pleno proceso de elaboración por lo que es prematuro anticipar conclusiones. Pero sí le puedo avanzar que en el último año no se han producido saltos cualitativos en cuanto a la tipología del delito. En años anteriores, la Fiscalía sí advirtió de nuevas realidades como la aparición de menores en pateras, que fue objeto de preocupación incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz o también se ha denunciado los procesos delictivos vinculados a la corrupción y el suelo. En ese análisis anual sí empezamos a vislumbrar formas de pobreza que teníamos olvidadas.

-Detectado el problema de la corrupción, la percepción que puede tener un ciudadano es que la ley no castiga con dureza estas conductas, cuando rara vez se aplica la prisión preventiva en los imputados ¿no?

-La corrupción es algo que hace muchísimo más daño de lo que la gente puede pensar. Se debe combatir con energía y sin que esté al frente una persona en concreto; debe ser un esfuerzo colectivo. Esta lucha es un elemento prioritario y que no se resuelve con una detención, después queda mucho trabajo. Para nosotros supone una gran preocupación. Pero el Ministerio Público debe tener más instrumentos legales y materiales, necesita de más herramientas para luchar contra la corrupción.

-¿Legales? ¿qué tipo de reformas defendería?

-Para empezar debemos dedicar nuestro esfuerzo a lo que realmente es importante. Otros asuntos, como aquellos que se dirimen en juicios de faltas, podrían tener otro canal gubernativo que les ofreciera una respuesta adecuada. Después sería importante acometer regulaciones en materia de intervenciones telefónicas, adopción de medidas cautelares, incautaciones de bienes; acotar los plazos para que no se alarguen en exceso los procedimientos. Como le decía antes, un asunto no concluye con la detención. Luego queda preparar todo el material probatorio de cara al juicio. Aquí sería interesante la creación de equipos multidisciplinares que trabajaran en ello de forma conjunta. Pero no se puede tampoco trasladar un mensaje muy pesimista. La corrupción sí tiene respuesta, pero hay que mejorarla.