El Gobierno quiere acabar con las «desproporcionadas» indemnizaciones en los ERE

La reforma laboral pretende bien a las claras, entre otras muchas cosas, rebajar el coste del despido, sobre todo en las salidas colectivas de trabajadores de aquellas empresas que atraviesan problemas. La letra pequeña del real decreto (recogida en la memoria económica de la norma) destaca que el problema en España «no es el coste de la indemnización, sino la utilización residual del despido objetivo (el más barato) y, en el caso de los despidos colectivos, la tendencia a fijar indemnizaciones superiores a las dispuestas para despidos justificados».

Además, el texto señala que los tribunales gozan, en el modelo vigente hasta ahora, de «una amplia capacidad interpretativa sobre si se dan o no las causas del despido, lo que genera incertidumbre y limita la seguridad jurídica». Condicionantes que perjudicarían a los empresarios. Para el Ejecutivo, «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente». En este sentido, la norma incide en que las condiciones para justificar salidas «razonables» como las derivadas del absentismo o la falta de adaptación a las modificaciones técnicas «son excesivamente rígidas e inadecuadas al entorno económico actual».

Asimismo, el real decreto explica que el coste potencial de los salarios de tramitación si se acude a los tribunales «es elevado». Esta tesitura, justifica la norma, ha generado una tendencia al uso del llamado 'despido exprés' (ahora eliminado, y en el que los empresarios consignaban los 45 días para evitarse farragosos procesos) como mecanismo para sus ajustes «encareciendo enormemente el despido de trabajadores indefinidos independientemente de que esté justificado o no».

Sobre los ERE, el real decreto sentencia que la exigencia de un autorización administrativa previa (también eliminada) «genera presiones sobre la empresa que conducen a la aceptación de unas indemnizaciones desproporcionadas, ante la amenaza de no recibir el visto bueno a la medida de ajuste».

Por otra parte, el Consejo de Ministros debatirá hoy, y aprobará, en su caso, una rebaja de las retribuciones de los directivos de las empresas públicas. La intención ya la había dejado clara el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, quien en su toma de posesión anunció la revisión de los contratos de los altos cargos de la corporación y propuso suprimir las clausulas «lesivas para el erario público», como los blindajes.