«El juez Marchena buscaba la cabeza de Garzón, fuimos sus tontos útiles»

Los dos abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón en la causa de los cursos de Nueva York presentaron ayer un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra del archivo del caso, decretado por el magistrado instructor Manuel Marchena al haber prescrito el delito de cohecho impropio que le imputaba a Garzón.

La acusación popular, ejercida por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, presentaron un escrito un tanto peculiar. Más allá de considerar que Marchena cometió una «grave irregularidad» al «beneficiar» a Garzón con la prescripción «inventada» del delito, ya que que esta debería haber sido de cinco años y no de tres como aplicó, aluden a las «consecuencias colaterales» de su decisión. Y lo hacen con acusaciones directas al juez.

Dicen los letrados que el magistrado del Supremo «ha mantenido abierto en falso un proceso prescrito durante dos años que solo ha cerrado cuando ha salido la sentencia de (las escuchas del caso) 'Gürtel'», en la que Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación, y que «la imprensión que proyectaba es que buscaba la cabeza del juez, no unicamente investigar sus delitos de Nueva York».

Tras dejar caer esta acusación los abogados aventuran que «la misma jurisprudencia de la prevaricación que ha expulsado a Garzón en el 'caso Gürtel' sería ahora aplicable contra Marchena, y especialmente su auto contamina la sentencia de la Sala de la que fue parte el instructor».

El escrito añade que Garzón «logrará anular la condena en el Tribunal Constitucional o en (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de) Estrasburgo» y Marchena «le ha ayudado de forma inestimable aunque involutariamente, claro, y se ha cubierto de gloria para siglos venideros». «Parece que en estos dos años de instrucción hemos sido los tontos útiles» del magistrado, concluyen.

Por todo ello reclaman a la Sala que admita el recurso y adjunte los delitos de cohecho propio, prevaricación, extorsión y asociación ilícita contra Garzón por recaudar 1,2 millones de euros de bancos y empresas para patrocinar los cursos que dirigió en Nueva York entre 2005 y 2006.

Satisfecho

Las consecuencias del archivo, en cambio, causaron satisfacción en la Fiscalía General del Estado. Su máximo representante, Eduardo Torres-Dulce, elogió el escrito «extraordinariamente pormenorizado y de una altísima calidad técnico-jurídica» en el que el fiscal del caso, Fidel Cadena, consideró que el juez no cometió delito y que, en cualquier caso, este había caducado «por 25 días».

El fiscal general, que pese a todo mostró su respeto y afecto por Marchena, al que tuvo como subordinado cuando ejerció como fiscal, dijo además que está a la espera de que la sección penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si recurrir la sentencia de las escuchas del 'caso Gürtel'.

Torres-Dulce dijo que de momento el único recurso que podría intentarse es el de nulidad de actuaciones, ante la Sala del 61 del Supremo, en el que se tengan en cuenta los derechos fundamentales vulnerados. «En caso afirmativo, no habrá ninguna pega», aseguró.

Entretanto, el Consejo General del Poder Judicial seguirá el trámite previsto y confirmará la expulsión del juez de la carrera en el próximo pleno, previsto para el jueves 23 de febrero.