Editorial

Segundo rescate

La situación en Grecia es dramática, pero resulta lógico que la UE exija garantías de que ahora se cumplirán los compromisos

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El Parlamento griego aprobó, tras una jornada de manifestaciones, incendios y saqueos, las medidas de ajuste impuestas por la UE, el BCE y el FMI para que el país heleno pueda acceder a un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros ampliable en otros 15.000. La amplísima mayoría conformada por las dos principales formaciones, la conservadora Nueva Democracia y la socialdemócrata PASOK, logró sacar adelante la votación pese a dimisiones en el Gobierno y al disenso generado en la propia Cámara. Pero la sensación de que las autoridades griegas están actuando al límite de lo que puede soportar la gobernación del país en vísperas de las elecciones del próximo mes de abril genera, en el resto de los socios europeos y especialmente en los más concernidos por la deuda griega -alemanes y franceses- una reacción ambivalente, una mezcla de comprensión y desconfianza. Con la aprobación de las medidas exigidas Atenas devuelve la carga de responsabilidad al Eurogrupo, que en su reunión de mañana deberá decidir si libera finalmente la cuantiosa partida del rescate o añade algún requisito para comprobar que la votación parlamentaria de la madrugada del lunes se traduce en resoluciones legislativas y de gobierno aun más concretas. El Parlamento heleno ha evitado la bancarrota y la consiguiente salida de Grecia de la eurozona, y los países que forman parte de ésta se han salvado así de una crisis financiera en cadena. Pero la condonación de la mitad de la deuda que Grecia tiene contraída con entidades privadas -100.000 de los 206.000 millones de euros- representa una concesión tan agraviante para el resto de los países y de la ciudadanía europea que parece lógico que el Eurogrupo exija pruebas fehacientes de que en esta ocasión Grecia cumplirá sus compromisos con celeridad. Porque por duras e impopulares que sean las medidas aprobadas -que imponen 3.300 millones de euros de reducción de gasto público, la rebaja del salario mínimo en un 22% y el despido para 15.000 funcionarios- hasta los manifestantes del domingo deben comprender que lo ocurrido en Grecia es la consecuencia de un desgobierno e incluso de una picaresca de los que la propia sociedad ha sido en buena medida partícipe. El principio de soberanía no puede ser financiado eternamente a costa del esfuerzo de los demás.