Alertan de que la privatización subirá el precio del agua un 10% al año

La coordinadora que defiende la gestión pública del agua, y que aglutina a un buen número de colectivos jerezanos, presentó ayer un paquete de alegaciones contra la intención del ejecutivo municipal de privatizar la gestión del ciclo integral del agua. Francisco López, miembro de la comisión permanente y uno de los portavoces de la plataforma, alertó de las múltiples consecuencias negativas que, a su juicio, tendrá la puesta en marcha de la concesión del servicio, que se suma así a otros con el mismo modelo como los autobuses urbanos o la limpieza viaria.

En líneas generales, la coordinadora tiene claro que la concesión no solventará la situación económica, mientras que sí que encarecerá el coste de un bien básico para los ciudadanos. Francisco López alude en este sentido a un estudio de lo que supondrá hacer frente al coste de servicios que ahora no factura el Ayuntamiento como suministros en plazas, centros cívicos, además de las bonificaciones a las familias más necesitadas o la subida porcentual de cada año de las tarifas. «La proyección es que la tarifa del agua va a subir en los 25 años siguientes al menos un 255%», alerta López, lo que significa un aumento del 10% anual.

«Es una brutalidad», puntualiza el portavoz de la plataforma. Y lo peor es que «la privatización de la gestión de Ajemsa no aporta nada a corto plazo». Así, prevén que el Ayuntamiento no ingrese más de 60 millones de euros por la concesión si se tiene en cuenta que Sanlúcar obtuvo 16 y Huelva 57 millones de euros.

Precisamente ver las barbas del vecino remojar con la privatización del agua ha preocupado aún más a la coordinadora, pues en San Fernando «la necesaria búsqueda del equilibrio financiero de la concesionaria va a hacer que el recibo suba, porque una vez que se privatiza ya no está en manos del Consistorio decidir que eso no ocurra».

Algo que el gobierno local ha negado por activa y por pasiva, asegurando que el pliego de condiciones fijará que no se podrá encarecer el precio del agua.

Éstas son solo las razones sociales esgrimidas por la coordinadora para oponerse tajantemente a la concesión, si bien hay otras jurídicas no menos importantes. Por ejemplo, López explica que en la memoria justificativa presentada por el propio Ayuntamiento «se dice que el servicio es rentable, que se considera según las diversas normativas un bien básico, que no hay razón para que pierda su carácter público...». En definitiva, una contradicción con lo que se va a ejecutar finalmente.

La citada coordinadora por la defensa del agua, además de la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, agrupa a otras como Facua, Ecologistas en Acción, CC OO, UGT, CGT, Ecologistas Tempul, Attac, Asociación de Vecinos El Portal, PSOE, IU, Foro Ciudadano, trabajadores de Ajemsa, de Imesapi y de la depuradora Guadalete.