Los sindicatos aceptan el diálogo mientras preparan las protestas

Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme se reunieron con la ministra de Empleo para abordar la reforma laboral ya en vigor. Tras el encuentro, las centrales constataron que se había abierto un cauce de entendimiento, pero siguieron preparando la masiva movilización de protesta del domingo 19 de febrero, porque desconfían de que vayan a producirse modificaciones de calado en la nueva norma.

Fátima Báñez ofreció llevar a cabo «una revisión completa» del texto, a realizar por grupos de trabajo, para plasmar los puntos de consenso en las enmiendas que las fuerzas políticas pueden introducir durante su tramitación parlamentaria. Según la ministra, aunque la mayoría que sustenta al Ejecutivo es suficiente para garantizar la aprobación, «la apuesta por abrir una ventana al diálogo» refleja el deseo de «introducir mejoras».

Los preparativos de las protestas sindicales, no obstante, ya están en marcha. «No a la reforma laboral injusta e inútil», será el lema de las movilizaciones que se celebrarán ese día. Ni Ignacio Fernández Toxo (CCOO) ni Cándido Méndez (UGT) quisieron admitir que las protestas pudieran desembocar en una huelga. «Hay que acompasar los movimientos a los objetivos y tomar el pulso a la sociedad», insistieron. Pero los dirigentes territoriales, en concreto los de Madrid, ya mencionan la paralización de la actividad entre las medidas «contra una reforma que adopta el despido como única reacción frente a la crisis».

Los empresarios, que aprueban los aspectos esenciales del nuevo marco, no quisieron insistir en sus argumentos favorables a los cambios. Los autónomos, que se reunieron por la tarde con la ministra, prodigaron los elogios a la reforma, que consideran «una apuesta por las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo».

Las centrales sindicales insisten en que aprecian indicios de inconstitucionalidad en varios puntos de la normativa. Entre ellos la dualidad en el tratamiento dispensado a los trabajadores contratados por empresas de menos de 50 empledos, que podrán permanecer hasta 365 días «sin derecho a indemnización por despido», lo que supone una discriminación respecto al resto. Un periodo de prueba de un año, criticó el líder de CCOO Ignacio Fernández Toxo, no supone otra cosa sino un intento de maquillar la estadística de los contratos temporales, convirtiendo los estables en una «reliquia del pasado».

Los sindicatos también opinan que podría atentar contra los principios de la Carta Magna la posibilidad de que, si en la redacción de un convenio fracasan los términos acordados en la negociación colectiva, se pueda dictar un laudo obligatorio con participación de la administración. Para presentar un recurso de inconstitucionalidad se necesita el apoyo de 50 diputados y son pocos los grupos que pueden prestarlos. El PSOE se ofrece, siempre que «encuentre fundamento» para ello, señaló su secretario general, Afredo Pérez Rubalcaba.

La ministra de Trabajo rechazó las acusaciones. Y defendió que el Gobierno respeta la autonomía de las partes. Por eso, la norma ha incorporado los elementos del acuerdo alcanzado entre sindicatos y organizaciones empresariales, que consagra, en la negociación de convenios, procedimientos de solución extrajudicial de conflictos y un posterior arbitraje.

Las centrales instaron a las organizaciones empresariales a atenerse «en su integridad» a los términos del acuerdo de negociación colectiva, tanto en los aspectos relativos a la contención salarial como en aquellos otros que hacen referencia a la flexibilidad interna.