PACTO FISCAL EN ALEMANIA Y CATALUÑA

Cataluña se está mirando legítimamente en el proceso político alemán para obtener argumentos que respalden la exigencia de un pacto fiscal que modifique su financiación como comunidad autónoma. El asunto, como se sabe, viene de lejos, ya que en los prolegómenos de la elaboración de la reforma estatutaria catalana impulsada por Maragall al frente del 'tripartito' ya se planteó con toda la crudeza necesaria la reivindicación de limitar la contribución de Cataluña a la solidaridad estatal. Se publicaron entonces las balanzas fiscales mediante los dos criterios generalmente aceptados, el del flujo monetario y el del beneficio. Y se introdujeron algunas tímidas iniciativas en el nuevo Estatuto, que fueron declarados inconstitucionales por el TC.

Ramón Tremosa, en un conocido estudio «Solidaridad contra crecimiento», Cuadernos de Economía. Vol. 28, 081-104, 2005, ha explicado el fondo de la cuestión: Cataluña tiende a crecer menos que el conjunto del Estado tanto en PIB per capita como en productividad por ocupado y renta disponible per capita, probablemente «por un exceso de aportaciones que viene realizando la economía catalana al resto del Estado, de acuerdo a lo que se ha convenido en denominar «déficit fiscal catalán con el Estado español»: la creciente diferencia entre los impuestos que recauda anualmente en Cataluña el sector público central (Estado y Seguridad Social) y el gasto público que en Cataluña se recibe del mismo se ha convertido en una fuente de descapitalización de la economía catalana, reconocida hoy prácticamente por todos los agentes políticos, económicos y sociales catalanes. De este modo, no sólo Cataluña pierde recursos sino que deja de actuar como locomotora del Estado español.

Estos son los argumentos que plantea en Alemania -un modélico Estado federal más cercano al 'federalismo cooperativo' que al 'federalismo competitivo'- el 'länder' de Baviera, que transfiere casi la mitad de los 7.500 millones de euros anuales con que los estados más potentes subsidian a los demás. Hesse y Baden-Württemberg podrían sumarse a la posición bávara, según la cual los subsidios no sólo no reducen las diferencias económicas sino que las consolidan ya que las regiones ricas pierden competitividad y se debilitan. La cuestión, suscitada tras la reunificación, fue planteada por primera vez en 1999, y se aprobó entonces una tímida reforma del fondo interterritorial; ahora el asunto puede terminar en el Constitucional.

Los argumentos manejados son sólidos, por lo que no repugna a la inteligencia un pacto generalizado que ponga un límite a la solidaridad activa y pasiva de todas las comunidades autónomas de régimen general, al que habría que incorporar de algún modo los territorios forales. Por lo que el asunto es defendible y debería ser viable siempre que se observen tres condiciones: que el pacto alcance efectivamente a todo el Estado, que cuente con suficiente consenso para ser introducido claramente en la Constitución, y que no se utilicen estos argumentos como amenazantes cuñas secesionistas. Sí así se hace y se genera el indispensable clima de diálogo y conciliación, la reforma sería una mejora sensible del modelo cuasi federal que nos hemos dado y que, hasta ahora, ha cumplido cabalmente con los requerimientos de pluralidad de la sociedad de este país.