La jueza Alaya investigará también la compra de cocaína con dinero público

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el 'caso ERE', ha asumido la investigación sobre la supuesta compra de cocaína con dinero de las ayudas concedidas por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, un hecho que fue puesto de manifiesto ante la Policía Judicial por el chófer de Guerrero, Juan Francisco T.B., quien desveló además que este dinero también se destinó a «fiestas y copas».

De este modo, la jueza ha dictado tres nuevos autos, en uno de los cuales da cuenta de que la causa relativa al exchófer de Francisco Javier Guerrero ya ha sido remitida por los juzgados de Andújar, quienes han aceptado el requerimiento de inhibición solicitado por la magistrada para investigar los hechos puestos de manifiesto por Juan Francisco T.B., imputado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones y que en su declaración apuntó que parte de los fondos públicos recibidos los destinó a comprar cocaína «para su jefe y para él», a «fiestas y copas», según el acta de su declaración consultada por Europa Press.

En un reciente auto, la juez citó a declarar a Guerrero el próximo día 23 de febrero y determinó que dicha declaración «se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar», por lo que, una vez recibidas, la juez podrá cuestionar al exalto cargo sobre las manifestaciones de su chófer.

La instructora, igualmente, ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la Consejería de Empleo la «totalidad» de los expedientes de ayudas sociolaborales a empresas, incluidas las denegadas entre los años 2001 y 2011 y las ayudas destinadas a pequeñas empresas, algo que el Ministerio Público consideró «necesario» al poder tratarse las ayudas de menor cuantía «de ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta».

De igual modo, la jueza Alaya acuerda una prueba «pericial contable» a cargo de la Intervención General del Estado para que se analicen los «procedimientos contables y la gestión» de IDEA en lo relativo a las transferencias de financiación, para lo que la magistrada designa a dos peritos de la propia Intervención.