«Estoy abatido y hecho polvo»
El Gobierno «respeta» el fallo, el Poder Judicial destaca la «imparcialidad», y el PSOE y la izquierda minoritaria muestran su disgusto por la condena Garzón dice que lo que más le hiere es que «ahora tengo que pagar a Correa»
MADRID. Actualizado: Guardar«Estoy hecho polvo, abatido, desconsolado, destrozado.». Baltasar Garzón no ahorró ayer adjetivos para describir a los más próximos su estado de ánimo minutos después de conocer la sentencia que acabó con sus 31 años de carrera judicial. A sus más allegados no les ocultó que, además de su inhabilitación, entre las cosas que más le hieren es que el fallo le obligue a abonar las minutas de los abogados de los cabecillas de 'Gürtel'. «¡Caramba, ahora tengo yo que pagar a Correa y Crespo!», comentó con un toque de amargura el exjuez a un amigo de hace años.
Su abogado, Francisco Baena Bocanegra, reconoció que su patrocinado está «muy afectado y muy dolido», incluso «desolado» tras conocer que «una vida entera dedicada a la justicia se ha terminado». Aun así, los que ayer hablaron con el juez le encontraron fuerte y con ganas de «seguir luchando».
El exjuez y su abogado, que dijo compartir la desolación con su cliente, se encontrarán en breve para analizar juntos la sentencia y preparar el recurso ante el Constitucional y, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El propio Garzón, admitieron fuentes cercanas al condenado, se mostró pesimista sobre el éxito de una apelación, al menos ante la corte española, muy reacia a dar la razón a los que alegan violación de derechos fundamentales cuando el condenado lo ha sido en el Supremo en primera instancia.
Las reacciones a la condena de Garzón fueron de lo más dispar. El Gobierno y la Fiscalía se negaron a valorar la resolución y se limitaron a mostrar su respeto; el Consejo General del Poder Judicial destacó la «independencia e imparcialidad» del proceso seguido por el Tribunal Supremo contra el magistrado; y el PP se dividió entre las comunicaciones oficiales, que fueron neutras e institucionales, en términos similares a las del Ejecutivo, y las valoraciones de algunos de sus dirigentes, como Esperanza Aguirre, que no ocultaron su satisfacción por la condena a un juez al que durante meses acusaron de protagonizar una persecución política contra su partido con la instrucción del 'caso Gürtel'. Aguirre señaló que «es un día muy alegre para el Estado de derecho y la democracia porque los fines no pueden justificar los medios». El presidente extremeño, José Antonio Monago, tampoco disimuló su satisfacción porque, a su juicio, la resolución es una «una señal de salud democrática».
«Extrañeza y preocupación»
El campo de las lamentaciones lo engrosaron tanto los dirigentes del PSOE como los de toda la constelación de siglas de la izquierda minoritaria, que, como elemento común, destacaron su asombro porque el primer condenado en la maraña de causas judiciales vinculadas a la red 'Gürtel' haya acabado por ser el juez que inició la investigación. La postura oficial de los socialistas la marcó su portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, quien admitió que el fallo «no nos gusta» y «nos causa extrañeza y preocupación». El líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, se expresó en términos más personales al declarar que el fallo «me entristece» porque «hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA», cuando él era ministro del Interior y Garzón magistrado de la Audiencia Nacional. Más claro fue el miembro de la ejecutiva federal socialista Antonio Hernando, que calificó la sentencia de «desproporcionada».
El líder de IU, Cayo Lara, aseguró que «es un día triste para la justicia española y para los demócratas» y auguró que «vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo». No obstante, la rotundidad llegó con el diputado Gaspar Llamazares, quien dijo que el fallo es «una injusticia monstruosa y un linchamiento y un escándalo», y de su socio de Iniciativa por Cataluña Joan Coscubiella, para quien «la justicia española sufre un verdadero cáncer». Para Francisco Jorquera, del BNG, el «subjetivismo» mostrado en los argumentos por los miembros del Supremo le sugirieren una 'vendetta' y «un linchamiento» por perseguir los crímenes del franquismo.
El campo intermedio, en el que no se detectó ni alegría ni excesivo pesar por la resolución, se colocaron CiU y UPyD. El dirigente de la federación nacionalista Josep Antoni Duran Lleida se limitó a decir que las sentencias hay que respetarlas «gusten o no gusten». Rosa Díez, la portavoz de UPyD, señaló que considera que siempre «hay que respetar las decisiones judiciales» y lo que sugiere este fallo es que es que la justicia es igual para todos, «incluso para los jueces».
