¿Preparados para una nueva huelga general?

La huelga general es el último instrumento de presión de los sindicatos, que históricamente ha servido para hacer revoluciones, tumbar o desgastar gobiernos, derogar leyes u otras normativas e, incluso, en caso de competencia sindical, para medir fuerzas con organizaciones rivales. Sin embargo, esa herramienta, la máxima expresión de la movilización sindical, ha perdido buena parte de su proverbial efectividad en los últimos años.

Tal vez por eso, y después de que el seguimiento de las últimas convocatorias no se haya saldado precisamente con un éxito, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha tenido inconveniente en lanzar un órdago a las centrales al admitir el pasado lunes en Bruselas que la respuesta a la dureza de las medidas laborales que prepara será una huelga general, según captó un micrófono abierto.

Todo un desafío para los sindicatos. Si, como casi todo el mundo vaticina, la reforma del mercado de trabajo, cuya aprobación está prevista para el próximo viernes, es de una profundidad equiparable a la de la crisis económica, las centrales no tener otro remedio que promover el paro. Su dignidad y razón de ser están en juego.

Si hay que fiarse de los rumores de los conciliábulos políticos y de las declaraciones de responsables del Ejecutivo, los cambios legislativos en ciernes serán drásticos en los contratos de trabajo, en el coste del despido, en los fondos destinados a formación y en la negociación colectiva. Cada modificación que se insinúa, según la experiencia acumulada desde la Transición, hubiera sido motivo suficiente para una huelga general en otra época. Así de fácil van tener Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo la toma de una decisión. Pero lo difícil será sacarla adelante con un resultado aceptable.

¿Se puede permitir el país otra huelga general en plena recesión? Una protesta así siempre es un trauma social y económico; pero, por mucho éxito que tenga, económicamente su alcance no empeorará mucho más la situación. La pregunta está entonces en si se la pueden permitir sindicatos y Gobierno.

Cuánto cuesta

Hacer las cuentas en términos de riqueza nacional del coste de una huelga general resulta muy complicado. El cálculo más elemental es dividir el Producto Interior Bruto anual entre los días laborables de un año, lo que podría dar una cifra máxima inferior a los 3.000 millones de euros. Pero es una estimación ficticia porque para ello tendría que parar todo el país, incluidos los servicios mínimos. En 2002, en la movilización contra el Gobierno del PP que presidía José María Aznar, se facilitó el dato oficial de unas pérdidas de 250 millones para un seguimiento del 26% de los trabajadores. Sin embargo, cada vez más, y debido a la crisis, los asalariados pactan con los empleadores la recuperación de las horas perdidas por una huelga general -no dirigida contra la empresa-, lo que reduciría las pérdidas económicas

Para un empleado, el coste es más fácil de calcular: basta con multiplicar el número de horas de la jornada diaria por la retribución de una hora. Es decir, un máximo de ocho horas por una precio medio de 14,80 euros, lo que da la cifra de 118,4 euros, que le serán descontados de la nómina del mes y de las pagas extras, si las tuviera.

La factura sindical

Las centrales pueden pagar un alto precio. Se juegan su credibilidad, prestigio e influencia. En ocasiones han obligado al Gobierno a dar marcha atrás, generalmente de manera parcial. Desde Felipe González en 1988 a José María Aznar en 2002, no es infrecuente que una huelga general tenga ese efecto.

Sin embargo, es la aventura que más odian los sindicatos porque pone a prueba su estructura, economía y capacidad de convocatoria. Para promover un paro general necesitan un mínimo de dos meses de trabajo intenso: empiezan a extenderla empresas y comarcas con asambleas, y terminan por los medios de comunicación. Por otro lado, la imagen social que proyecta la actuación de los piquetes ha ido dañando en las últimas décadas la credibilidad de las centrales, cuya capacidad de movilización ha ido perdiendo enteros desde el 14-D de 1988, paradigma de lo que se entiende como huelga total.

En el mundo sindical comienza a arraigar el debate sobre en qué medida las centrales deben defender unos derechos sociales y laborales cuya reforma ha sido respaldada masivamente por los votantes. Existen «legitimidades cruzadas», admite un destacado sindicalista, que dan a las centrales argumentos para actuar pese a tener constancia de que el Gobierno ha sido apoyado por «muchos trabajadores».

Los convocantes de la máxima protesta laboral deben tener en mente a la hora de tomar una decisión el axioma sindical de que «las huelgas generales se hacen para ganarlas». Y ello se puede conseguir por dos vías: por un elevado seguimiento o por obligar al Ejecutivo a retroceder en los planes contra los que va dirigida la movilización.

El precio para el Gobierno Una huelga general no es trago de gusto para ningún Gobierno, que siempre ha pagado un precio político por ellas, sea en forma de imagen o de votos. Pero es una realidad constatada por los expertos que estas protestas cotizan al alza en los mercados financieros y favorecen la bajada de la prima de riesgo de la deuda soberana de un país.

¿Por qué? Porque una huelga general suele ser siempre la consecuencia de profundos recortes sociales y laborales, que son bien vistos por los defensores de la economía neoliberal, la que impera en el mundo en las dos últimas décadas.

En todo caso, desde 1985 todos los presidentes del Gobierno -Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- han sufrido algún paro de este tipo, por lo que comienza a ser considerado más como un blasón que como una mancha en sus currículos por los denominados 'mercados'.