La capital pierde 2,5 millones por las exenciones al impuesto

El Ayuntamiento de Cádiz gira cada año más de 70.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que generan una recaudación que rondó los 30 millones de euros en 2011. Se trata del principal ingreso para las arcas municipales, el 20% del total, y su cobro se destina a acometer inversiones pero también a pagar a los proveedores, las nóminas de los trabajadores y a afrontar otros gastos.

Es una cantidad que podría aumentar como mínimo un 8%, es decir, unos 2,5 millones de euros si no fuera por las exenciones obligatorias, que afectan a 390 edificios de la ciudad. Esta cifra se corresponde con lo que el Consistorio recaudará de más este año al aplicar una subida del 10% a la factura del IBI de los gaditanos, una medida aprobada por el Gobierno central.

La ordenanza fiscal que regula este impuesto recoge el tipo de inmuebles que están exentos de pagar el IBI. No es un capricho del Ayuntamiento de Cádiz sino que viene recogido en la Ley de las Haciendas Locales. Es el caso de algunos bienes de la Iglesia, que se libran de pagar este impuesto, en virtud del Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede que data de 1979. Pero hay más ejemplos, como los edificios públicos destinados a la seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios e institutos), sanitarios, deportivos y penitenciarios (cárceles), independientemente de que pertenezcan al Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales.

También se benefician los bienes comunales y los montes vecinales, las organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja Española, las instalaciones como la estación del ferrocarril, los edificios singulares, los residenciales como el Tiempo Libre, los puertos comerciales, los almacenes de Zona Franca e incluso los considerados bienes culturales y jardines históricos. Es decir, que no se refieren sólo a los monumentos sino a cualquier edificio catalogado como patrimonio histórico, o Bien de Interés Cultural.

Aunque es muy difícil saber cuánto dinero pierde el Ayuntamiento por dejar de cobrar estas facturas, se estima que la cifra rondaría como mínimo los 2,5 millones de euros. Y es importante remarcar que sería «como mínimo» porque hay que tener en cuenta que el pago que corresponde a cada inmueble viene determinado en gran medida por su valor catastral y los edificios exentos carecen de ese valor, porque se consideran que son de una importancia incalculable.

El teniente de alcaldesa responsable del área de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández, explicó que las exenciones también afectan a las jóvenes que han podido acceder a una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra de las promovidas por el Ayuntamiento, ya que durante el primer lustro la casa es de titularidad municipal y por lo tanto no tienen que pagar IBI al considerarse que son inquilinos. A esto hay que añadir las bonificaciones a las familias numerosas y a los propietarios de vivienda protegida (en éste último caso se les descuenta un 50% durante los tres primeros años).