«Acudimos a la Audiencia Nacional para buscar a los desaparecidos»

Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado ante un tribunal español. Pero ayer tuvieron la oportunidad de hacerlo ante el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, aunque en un contexto bien diferente al que hubieran querido.

María Martín, Pino Sosa y Ángel Rodríguez fueron los tres primeros testigos en comparecer ante la sala que juzga a Baltasar Garzón por prevaricación en la investigación de los desaparecidos de la dictadura. Sus testimonios fueron conmovedores, pero poco tienen que aportar a lo que aquí se enjuicia. Sirvieron, en cierto modo, para reparar su sufrimiento y permitir desahogarse ante los siete magistrados que componen el tribunal, cuyo presidente, Carlos Granados, se comportó con ellos de forma muy cordial.

El historiador gallego Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), fue el más conciso. Relató la infructuosa batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la Justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Señaló que el contenido de su denuncia, presentada en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 y que recayó en el juzgado de Garzón por reparto, relataba «un plan sistemático de eliminación perpetrado» entre 1936 y 1939, y que su intención era conocer cómo se habían producido las muertes y dónde estaban las personas desaparecidas.

«Creímos que solo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia», defendió el historiador, que aseguró que el Gobierno de Felipe González tuvo en su mano abrir algunas fosas en los ochenta pero el «23-F lo paró todo».

Larga espera

Previamente, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos (Ávila), contó que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas seis años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada. «Pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima», relató.

Según Martín, visiblemente afónica y enlutada, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho «nada» por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo, en Ávila, pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.

También Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas, en Gran Canaria, explicó que acudieron a la Audiencia Nacional en 2006 «en busca de justicia» y que, meses más tarde, les dijeron «que las desapariciones denunciadas no habían prescrito».

Sosa, de 75 años, recordó que junto a las denuncias aportaron un listado con medio millar de desaparecidos y narró cómo «los nacionales» se llevaron a su padre de casa en 1936 y «jamás» lo volvió a ver. «Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre», dijo.

En un momento dado, el presidente del tribunal llamó la atención al abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por tratar de banalizar estos testimonios. Y es que el letrado intentó confundir sin éxito a una de ellas diciéndole que las denuncias que presentaron ante la Audiencia fueron archivadas. Algo que nunca ocurrió, ya que Garzón se inhibió a los juzgados territoriales. Hoy está previsto que comparezcan otros tres testigos.