Generosidad con límites

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer ante la comisión correspondiente del Congreso que su gobierno se dispone a «gestionar el final de ETA con amplitud de miras y sentido de Estado» en una intervención en la que fijó los criterios que seguirá el ejecutivo Rajoy en materia penitenciaria. El cruce de palabras que mantuvo con el portavoz de Amaiur, Iker Urbina, fue el reflejo más elocuente del abismo que separa no ya la postura del Gobierno si no la visión democrática del terrorismo y de su deseable final de las pretensiones que alberga la izquierda abertzale. El ministro estableció con suma claridad los límites en los que se moverá el Ejecutivo, recordando que la legislación penal y penitenciaria puede aplicarse con discrecionalidad pero en ningún caso con arbitrariedad. Límites basados en que la desaparición de la amenaza terrorista no puede exonerar a quienes han empleado la violencia hasta ahora de las responsabilidades contraídas desde el punto de vista penal y respecto a la memoria de sus víctimas. La reinserción no solo constituye una oportunidad individual porque así lo establece nuestro ordenamiento, si no que en el caso de los etarras presos la recapacitación personal, la asunción del daño provocado y la solicitud de perdón a las víctimas directas serán la mejor manera de acceder a beneficios penitenciarios. Sencillamente porque estos surgen de una voluntad de reencuentro entre el penado y la sociedad que, de otra forma, resultaría falaz. El ministro denunció, en su réplica al diputado Urbina, la indecencia que supone llamar «presos políticos» a quienes lo están por cometer atentados terroristas. Como denunció el control que ETA ejerce para que sus internos rehúsen acogerse a una reinserción que solo puede ser individual y condicionada a la expresa declaración de su arrepentimiento, tal como establece el artículo 90 del Código Penal. La lógica que defiende la izquierda abertzale es otra, y con ella enreda a cuantos demandan una respuesta generosa para con los reclusos por parte del Estado: se basa en considerar que el cese definitivo del terrorismo por parte de ETA es argumento suficiente para que sus presos merezcan toda la indulgencia.