El Supremo rechaza anular el juicio contra Garzón por los crímenes del franquismo
El tribunal reanuda hoy la vista oral y el juez declarará como imputado por prevaricación
MADRID. Actualizado: GuardarEl Tribunal Supremo reanuda hoy el juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La sala de lo penal que juzga al magistrado de la Audiencia Nacional tiene previsto rechazar la petición que hizo su defensa y la Fiscalía, que reclamaron la anulación de la vista oral en la fase de cuestiones previas.
Las partes consideraron que la acusación popular del proceso, el pseudosindicato Manos Limpias, carece de «legitimidad» para impulsar en solitario el juicio, pero la sala se ha inclinado por desestimar de momento esta demanda y dejar su resolución para la sentencia, según confirmaron fuentes del alto tribunal. Esto supone que Garzón tendrá que declarar hoy como imputado por un delito de prevaricación, que podría costarle hasta 20 años de inhabilitación.
Un vehemente Luis Navajas, fiscal de sala del Supremo, denunció el pasado martes, durante el trámite de cuestiones previas, que Manos Limpias «había sido incapaz de presentar un escrito de acusación» porque el magistrado Luciano Varela, instructor del proceso a Garzón, permitió que subsanase los defectos de su escrito y volviera a presentarlo, algo que fue «nulo y generó una clara indefensión» al imputado.
El fiscal mantuvo que Varela, en una decisión «insostenible», «transmutó un escrito de acusación que no se sostenía y coadyuvó de manera definitiva a reconstruir lo que era irreconstituible, una colaboración que le está vedada» por el principio acusador. De la misma forma, la defensa del juez reclamó la nulidad porque Varela dio «una segunda oportunidad» a Manos Limpias, algo de lo que no existe «precedente jurisprudencial».
Por este motivo, tanto el fiscal como el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, apoyaron la aplicación a este caso de la denominada 'doctrina Botín', ya que la ley de Enjuiciamiento Criminal «habla claro» en el sentido de que los únicos capacitados para promover la apertura de juicio en el procedimiento abreviado son el acusador particular y el Ministerio Fiscal, y esto no ocurre con Manos Limpias.
No obstante, el abogado de la acusación popular, Joaquín Ruiz Infante, defendió que la sala que juzga a Garzón no pueda volver a revisar «una cuestión ya resuelta en firme», dado que el tribunal que intervino en la fase de instrucción avaló las decisiones de Varela y rechazó los recursos de la Fiscalía y de la defensa del juez, que usaron los mismos argumentos que los expuestos en las cuestiones previas.
Ello, pese a que el tribunal juzgador es diferente al que rechazó aquellos recursos, ya que Garzón logró recusar a cinco magistrados por estar «contaminados» y sustituirlos por otros siete sin ninguna vinculación previa con la tramitación de la causa.
Extorsión
A la espera de que se reanude hoy el juicio por el franquismo, Garzón tiene otro frente abierto en el tiempo: la causa de los pagos de los cursos de Nueva York. Después de que el magistrado Manuel Marchena, instructor del proceso contra el juez, concluyera la investigación y acusara a Garzón de cohecho impropio (delito que conlleva pena de multa de tres a seis meses), ayer los abogados querellantes salieron a la palestra.
En un comunicado, los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón aseguraron que recurrirán el cierre de la investigación y pedirán que Garzón también sea acusado de un delito de prevaricación y otro delito de extorsión, castigado con penas de cárcel.
Según los querellantes, Garzón «se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, 'exclientes' o 'potenciales clientes' de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso».
«Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de 'Querido Emilio' de enero de 2006, en la que pide al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal, así como otros gastos», indicaron los querellantes haciéndose eco del auto del juez Marchena.