La Ley Gallardón afectaría a las 200 menores que abortan al año en Cádiz

De los 3.589 abortos que se practicaron en la provincia de Cádiz durante 2009 y 2010 (último año del que hay datos disponibles) según la Consejería de Salud, casi 400 tuvieron como pacientes a chicas de entre 14 y 17 años, esto es un 11 por ciento del total. Aunque entre este sector de la población no se ha producido un aumento significativo del aborto desde que entró en vigor la nueva ley en julio de 2010, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón decidió el pasado jueves dar un giro a la derecha anunciando que el Gobierno reformará la regulación en vigor para volver a exigir el consentimiento paterno a todas las menores que quieran interrumpir un embarazo, adoptando así la doctrina del Constitucional sobre esta materia.

Aunque el ministro no lo dijo claramente en su intervención, parece que la intención del Gobierno central es volver a recuperar la Ley del Aborto de 1985 que sólo despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto y violación. Así al menos lo comunicó la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en la Comisión de Justicia, Beatriz Escudero.

Eso es precisamente lo que esperan colectivos como Derecho a Vivir, que tras conocer el anuncio de Gallardón, han pedido al ministro que sea «contundente» y que no modifique la Ley, sino que «la derogue». Andrés Posada es miembro de esta organización en la provincia y ya ha anunciado que Derecho a Vivir organizará movilizaciones en la provincia para solicitar al Gobierno central que vele por la protección del derecho a la vida. «Todo esto vendrá acompañado de conferencias, charlas, y campañas informativas para concienciar a los ciudadanos», señaló Posada.

Diferencias legislativas

Hay que recordar que las interrupciones voluntarias del embarazo se suelen llevar a cabo en centros privados que tienen un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los trabajadores de la sanidad pública se han declarado objetores de conciencia y sólo atienden casos en los que peligre la salud de la madre o del feto y que revistan de especial riesgo.

La Ley del Aborto de 2010 despenaliza esta práctica y permite que las mujeres tomen la decisión de interrumpir el embarazo voluntariamente durante las 14 primeras semanas (hasta la 22 si hay grave riesgo de vida para el feto o para la mujer o si se detectan graves anomalías en el feto). Mientras, la del 85 dejaba un margen de 12 semanas para los casos de violación, ampliable a 22 si el feto presentaba graves deficiencias físicas o psíquicas o si había peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica (en este supuesto no había máximo de tiempo).

Píldora postcoital

A lo largo de 2010 se repartieron 7.007 unidades de forma gratuita. Fueron casi 1.700 menos que en 2009, y 4.952 menos que en 2008, cuando aún no se había liberado su venta. La tendencia es que la cifra continúe subiendo. La píldora del día siguiente se vende en las farmacias sin receta médica desde el pasado septiembre de 2009. Esta medida adoptada por el Gobierno socialista pretendía facilitar la accesibilidad al medicamento y contribuir así a la reducción de embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes.

Las cooperativas farmacéuticas aseguran que la venta ha crecido desde que quedó fuera de los fármacos sujetos a receta. Antes de eso, apenas había pedidos de este material, y sólo se mantenían algunos en reserva en las propias boticas, pero no se llegaban ni siquiera a renovar, ya que sólo se adquirían con receta cuando la píldora se agotaba en los centros de salud y en los hospitales.