UN MES DE CARA Y CRUZ

Apenas superado su primer mes de gestión, el Gobierno ha dado muestras de que su actividad se desarrolla entre luces y sombras. Sus intenciones políticas se han ceñido como un guante al programa electoral con el que el PP ganó las elecciones generales. No puede decir lo mismo en el ámbito económico, donde en solo cuatro semanas han aflorado las contradicciones entre los ministros del ramo y el Ejecutivo ha adoptado drásticas decisiones fiscales muy alejadas del ideario popular.

Mariano Rajoy ha tenido un estreno fácil en lo que a ausencia de la oposición se refiere, no así en el terreno de la toma de decisiones. El contundente aumento de impuestos es siempre un trago difícil para cualquier gobernante. Cuenta, sin embargo, con una gran ventaja, la tarea opositora del PSOE no existe, apenas emite alguna queja por «las mentiras», ha planteado medio centenar de preguntas parlamentarias y, sobre todo, se refugia en un «ya lo decíamos nosotros» en relación a la subida fiscal. Los socialistas andan enredados en su debate precongresual y casi se puede decir que solo tienen ojos y oídos para el duelo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. En este sentido, Rajoy ha tenido por delante una autopista para adoptar decisiones sin ningún tipo de peaje opositor.

Pero la cruda realidad de las cifras se encargó de trastocar sus planes, al menos ese es el argumento que utilizó él mismo, y también Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros del área económica. Un planteamiento mentiroso, a juicio de los socialistas, porque lo que ha hecho Rajoy no es más que sacar del cajón su «programa oculto», que incluía las subidas de impuestos y unos drásticos ajustes del gasto que «escondió» durante la campaña.

Lo que había sido un traspaso de poderes «ejemplar», en palabras de la vicepresidenta, no fue tal unas semanas después. La ejemplaridad se quedó en apenas cordialidad, con acusaciones a los anteriores gobernantes de haber proporcionado una información incompleta que impidió hacer un diagnóstico correcto. Asimismo, el compromiso asumido por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura de no justificar la crudeza de las medidas por la herencia recibida enseguida se ha convertido en papel mojado. Las alusiones, tanto de Rajoy como de Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, al legado socialista para explicar la dureza de sus decisiones están a la orden del día.

En pie de igualdad

Con todo, lo más llamativo han sido las contradicciones entre el equipo económico, que han dejado una imagen de descoordinación inquietante. La decisión de Rajoy de no designar un vicepresidente económico y situar en pie de igualdad a Montoro y De Guindos, que por cierto se profesan una antipatía mutua, ha alimentado la sensación de desbarajuste por las diferentes posturas que mantienen ambos en asuntos de alto calado y ante las que Sáenz de Santamaría ha tenido que apagar alguna hoguera.

Una falta de sintonía que se explica en buena medida por el hecho de que el ministro de Hacienda es un hombre de partido, fue portavoz de Economía del PP en la pasada legislatura y no olvida que en Andalucía, su tierra, se celebran elecciones el 25 de marzo. Unas circunstancias que motivan ciertos ejercicios de cintura política por parte de Montoro que no están al alcance de De Guindos, un experto con buen cartel en el mundo de las finanzas mundiales, no en vano fue presidente del banco de inversión Lehman Brothers en España, y un valedor de la ortodoxia del ajuste del gasto público.

El caso es que el ministro de Economía se descolgó hace dos semanas con la idea de que las autonomías tendrían que recibir el visto bueno para la aprobación de sus presupuestos y desató un amago de revuelta en Andalucía y el País Vasco, las únicas comunidades gobernadas por los socialistas, y torció el gesto a los gobernantes del PP en el resto de territorios. Tanto la vicepresidenta como el titular de Hacienda tuvieron que matizar, e incluso corregir, el anuncio hecho por De Guindos.

Con todo, la controversia más sonada, y aún no subsanada, es la del déficit para este año. Montoro es de la opinión de que España no podrá cumplir el objetivo de 4,4% del PIB y aboga por una flexibilización del calendario pactado con Bruselas. De Guindos, encastillado en la teoría del ajuste a toda costa, pero también Sáenz de Santamaría salieron al quite para mantener que el compromiso de 4,4% es innegociable.

Para enredar más el embrollo, el titular de Hacienda se permitió anticipar un día las cifras de paro, en contra de lo que tasa la ley, ante el silencio de la ministra de Empleo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a su vez, se lanzó a organizar esta semana una reunión con una veintena de grandes empresas para relanzar en el mundo la marca España. Una iniciativa que no tuvo que hacer la menor gracia al titular de Industria, José Manuel Soria, depositario de las competencias de comercio.

Entre dos aguas

Rajoy, entretanto, nada una vez más entre dos aguas. Unos días se muestra firme en el empeño de alcanzar el objetivo de déficit y otros apunta que esa meta puede ser revisada. Su intención de ser el vicepresidente económico 'in pectore' al hacerse cargo de la comisión delegada de asuntos económicos parece lejos de consolidarse. Solo ha convocado y presidido una vez, el 19 de enero, ese organismo, una economía de coordinación que llama la atención en tiempo de crisis y despiste ministerial.

En el ámbito político, en cambio, el Gobierno de Rajoy avanza con paso firme. Capitaneados por la vicepresidenta, los ministros 'políticos' exhiben un discurso sin fisuras. Sáenz de Santamaría desgranó el martes en el Congreso los proyectos gubernamentales de «regeneración democrática» que implica un notable vuelco en el modelo institucional, léase despolitización del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y al día siguiente y en el mismo marco, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, corroboró punto por punto sus propuestas.

Una coordinación que es mucho más sencilla que en el área económica porque se trata de aplicar el programa electoral del PP, y Sáenz de Santamaría lo hace a rajatabla con el seguro parapeto de la mayoría absoluta del PP. La reforma de la ley del aborto, instaurar la cadena perpetua revisable o la modificación de la ley del menor han pasado de ser promesas de campaña electoral a compromisos gubernamentales.

Lo mismo puede decirse en la lucha antiterrorista. Rajoy sostiene que ETA, como no se ha disuelto, sigue en activo y, en consecuencia, no cabe el menor gesto ni concesión hacia los presos terroristas ni su entorno político. Una tesis que suscribe de la cruz a la raya el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, incluso con algún exceso de celo.

En esta placidez política tiene mucha culpa la situación de un PSOE sin líder de referencia y embebido en sus cuitas internas hasta el congreso del próximo fin de semana en Sevilla. Todas las iniciativas políticas que ha planteado el Gobierno en estas semanas serían, en una situación normal, motivo de una férrea oposición de los socialistas, pero ahora apenas ocasionan algún que otro enarcamiento de ceja.