Los embargos a los Ruiz-Mateos se extienden a Jerez y la provincia

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha embargado la casa familiar de los Ruiz-Mateos en la urbanización de lujo de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid) junto a otros inmuebles en Madrid, Jerez , El Puerto o La Línea de la Concepción, todos a nombre de varias compañías. Según fuentes jurídicas, la sociedad Begonia es la propietaria de la vivienda del clan familiar de los Ruiz-Mateos en la que el pasado miércoles se realizó un registro por orden de la Audiencia Nacional, que se prolongó durante quince horas.

Esta vivienda se encuentra hipotecada por la entidad bancaria Fortis Bank por un importe de 3,13 millones de euros y cuenta con una segunda hipoteca por valor de 438.000 euros.

Sobre este inmueble pesan, según las mismas fuentes, dos ejecuciones hipotecarias por los juzgados de primera instancia de Pozuelo y una anotación de embargo del juzgado de instrucción número 45 de Madrid, por un importe de 84 millones de euros.

El juez Pablo Ruz ha acordado, también, el embargo de un inmueble a nombre de la compañía Balaustrada, que está gravado con una hipoteca de 2,4 millones de euros concedida por la Caja de Ahorros de Barcelona, una segunda hipoteca de 450.000 euros y una ejecución hipotecaria solicitada en los juzgados de esta localidad.

Entre el listado de bienes embargados a los Ruiz-Mateos también destacan las fincas en Pozuelo a nombre de la sociedad Senwosret, una de ellas en concreto con una elevada hipoteca, y cuentan con derecho real de habitación (una especie de usufructo) miembros de la familia del patriarca, Isidoro Ruiz-Mateos y Dolores Albarracín.

En el Puerto, Jerez , la Línea de la Concepción o San Roque figuran otros inmuebles a nombre de las sociedades Aleanson (con una hipoteca de 360.000 euros concedida por Barclays Bank), Vivienda Interestelar (con hipoteca de 336.000 euros de Caja Zaragoza) o la de Dirhan y Doblon (gravada con una hipoteca de 630.000 euros de la Caja de Ahorros de San Fernando).

Los Ruiz-Mateos registraron a nombre de distintas empresas una multitud de propiedades inmobiliarias, una estrategia que ha dificultado la localización de propiedades para todos aquellos que querían localizar su patrimonio con el objetivo de ejecutar su embargo para responder a distintas deudas. Otras de las empresas a las que la Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de fincas de su propiedad son Arega Innovaciones, Casa de Patriciado, Caserna Peninsular, Distribuidora Hispania, Edificio Palaciano, Ergio Peninsular, Finca de Resada, Gamboa Peninsular, Grandificiencia del Hogar, Ibérica de Publicidad, Inmuebles Gentilicios, Inversiones Ancarias o Residencia Portanuevas.

Por otra parte, el juez Pablo Ruz ha citado para tomarles declaración como imputados el 29 de febrero a una de las hijas del patriarca, Rocío Ruiz-Mateos, su marido, Luis Ojeda, y su primo Alfonso Barón Rivero. Un día antes, están citados a declarar como imputados el actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia.

Estas citaciones se producen después de que la Audiencia Nacional haya admitido la querella del exabogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, por los delitos de blanqueo y de insolvencia punible.

Precisamete, Joaquín Yvancos afirmó ayer a un juez de Palma que la familia del empresario pagaba desde 1.200 euros al mes a testaferros -a los que ha calificado de «soldados»- solo por figurar y que ingresó en cuentas de Suiza unos 200 millones de euros fruto de varias ventas.

Testaferros o «soldados»

Durante su declaración como testigo ante la juez que investiga una supuesta estafa en la venta de un hotel de Mallorca a los Ruiz-Mateos, el letrado ha hablado no solo sobre lo relacionado con esta operación, sino también con varios aspectos de las operaciones de la familia. El abogado afirma que los hijos de Ruiz-Mateos, a pesar de ser quienes gestionaban sus empresas desde el año 2004, «no tienen a su nombre nada directamente» sino que usaban a «soldados» u hombres de paja para administrar sus sociedades. «Soldado es aquel que cobraba por firmar y sus honorarios iban desde los 1.200 euros aproximadamente al mes. Los que cobraban por firma percibían unos 100 euros por firma», añadió. Apuntó que Susana Álvarez, reconocida como testaferro por la Agencia Tributaria, era uno de estos «soldados» y también ha mencionado a Luis Ángel Bolaño como «soldado de ocasión».

También lo era, según el abogado, el sobrino de Ruiz-Mateos , Zoilo Pazos, el cual lo hacía «por cariño verdadero a su tío». El letrado ha explicado que uno de los chalés de Somosaguas registrado esta semana es en realidad «una oficina camuflada como vivienda».