Hacienda podrá imponer recortes y reformas fiscales a las comunidades

El Ministerio de Hacienda podrá hacer y deshacer en los presupuestos de las administraciones públicas que vulneren los objetivos de déficit hasta lograr su saneamiento. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, faculta al Ministerio de Hacienda para intervenir las comunidades autónomas y entidades territoriales que incumplan los planes de reequilibrio si en nueve meses no adoptan medidas suficientes para corregir las desviaciones.

El procedimiento elegido por el Gobierno para esa intervención reserva a los entes incumplidores un tratamiento parecido al que dispensa a los países rescatados la 'troika' que conforman la UE, el FMI y el BCE. El primer correctivo será leve. Abandonar la senda de consolidación acarreará la obligación de presentar un plan económico-financiero a un año, cuyo incumplimiento provocará la aprobación automática de una no disponibilidad de créditos que garantice los objetivos.

Pero el tratamiento especial no acaba ahí. Cuando una comunidad, ayuntamiento o diputación vulnere su plan de reequilibrio también se constituirá un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal -cuyos fondos saldrán de las transferencias del Estado-, que a los seis meses se convertirá en una multa si las desviaciones persisten. De no corregirse así los desequilibrios, a los nueve meses Hacienda enviará una delegación a meter en cintura la administración incumplidora.

«La visita no será amable, es una forma de intervención», avisó el ministro de Hacienda. Para anticiparse a las probables protestas que emanarán de ejecutivos autonómicos (su respuesta seguramente tampoco será amable), insistió en que esta actuación «no tiene nada que ver» con la suspensión de competencias que prevé la Constitución. Afirmó, no obstante, que su departamento podrá cambiar el presupuesto del ente intervenido, decidir las partidas concretas en las que hay que meter la tijera e incluso imponer cambios en su política fiscal para mejorar los ingresos en aras del reequilibrio.

La actuación «consiste en poner los deberes, trabajar en paralelo y hacer los ajustes correspondientes». «Todo el ánimo y el espíritu de la ley es devolver la estabilidadl». «Se trata de sacar esto adelante», justificó Montoro, que aclaró a renglón seguido que la fórmula está concebida para «situaciones extremas que requieren políticas extremas» como las que ha habido en la zona euro.

El ministro de Hacienda desgranó la ley que desarrolla la llamada 'regla de oro' de estabilidad introducida el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución. Su entrada en vigor supondrá también la transposición al ordenamiento jurídico español de los correctivos de la UE. En adelante, el Estado trasladará a las administraciones incumplidoras cualquier multa o sanción que Bruselas pudiera imponer a España por desviarse el calendario de consolidación. Asimismo, toda vulneración de los objetivos se tendrá en cuenta a la hora de autorizar a los entes territoriales a realizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir convenios.

Transparencia

Montoro no quiso hablar de otros castigos, después de que hace unos días en una entrevista deslizara la posibilidad de instaurar incluso sanciones penales para los responsables políticos que lleven sus administraciones a la quiebra. El Ejecutivo precisará esos aspectos en la futura ley de transparencia y buen gobierno que prepara, que establecerá mecanismos para la depuración de responsabilidades políticas.

Pero la ley de estabilidad incluye también entre sus principios una mejora de la transparencia. Antes de aprobar sus presupuestos los entes territoriales tendrán que informar sobre sus líneas generales y no podrán incrementar los gastos por encima del crecimiento del PIB. Todas las administraciones fijarán un techo de gasto y, a la hora de los pagos, tendrá prioridad absoluta la amortización de deuda pendiente.

La meta es que en 2020 todas las administraciones tengan equilibrio o superávit y que la deuda esté por debajo del 60% del PIB (ahora roza el 70%). Ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural salvo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, en los que se podrá alcanzar un desfase máximo del 0,4%. La ley también permitirá el déficit estructural en «situaciones excepcionales» como catástrofes naturales, recesión o estados de emergencia.

En el período transitorio 2012-2020, si la tasa de crecimiento alcanza el 2% del PIB o se genera empleo, la deuda deberá recortarse dos puntos por año. Y el déficit deberá reducirse un 0,8% en media anual.