«Las dos empresas que abandonan Cádiz por falta de suelo iban a crear 1.500 empleos»

La provincia necesita suelo industrial para albergar nuevas inversiones. No hay terrenos atractivos que susciten interés. Este periódico desveló en su edición de ayer como dos grandes empresas habían desistido a finales de 2011 de seguir adelante con sus planes de inversión en Cádiz ante la falta de suelo industrial. No han aguantado más y han trasladado su acción a Málaga y Sevilla. El vicepresidente de la patronal, Javier Sánchez Rojas, ha asegurado que ambas empresas «tenían previsto crear en la Bahía unos 1.500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos».

La primera compañía que presentó sus credenciales de inversión fue una empresa nacional del sector de los laboratorios y la fabricación de productos farmacéuticos que necesitaba 200.000 m2 en la Bahía. La patronal hizo gestiones para su ubicación, pero no había polígonos en la zona que reunieran esta superficie, ya que Las Salinas, en El Puerto, aunque goza de suelo, está en manos de privados y resulta muy complicado juntar tanto terreno.

La segunda empresa que puso su punto de mira en la provincia, concretamente en Chiclana, fue una firma nacional especializada en la fabricación de envases de plástico. Esta compañía quería 7.000 m2 y se gestionó con el consistorio chiclanero esta posibilidad, pero fue imposible encontrar un suelo que se acercara a sus necesidades.

El presidente de los empresarios de Cádiz, Miguel González Saucedo, ha mostrado su malestar y decepción con la situación que vive la provincia en materia de empleo y las dificultades que encuentran los empresarios para invertir en la Bahía. No obstante, reconoce que ambos problemas están íntimamente ligados a la falta de crédito. La banca ha cerrado el grifo y en su opinión, «es imposible sacar adelante proyectos de inversión y, para colmo, vienen dos y se tienen que ir por falta de suelo». Ante esta reflexión de la patronal vuelve a surgir la polémica de Las Aletas.

El retraso que acumula el proyecto de Las Aletas y las dificultades que entraña su puesta en marcha definitiva ha enfrentado de nuevo a políticos y empresarios de la provincia. El Gobierno de la Nación aún no ha aclarado su postura sobre el desarrollo en la Bahía de este parque logístico y empresarial, que lleva atascado dos años por una sentencia del Tribunal Supremo. Su trámite se inició hace diez años y desde entonces solo ha hecho sortear problemas. El último, un fallo judicial en octubre de 2010 que lo tumbaba por vulnerar la Ley de Costas.

La provincia necesita suelo industrial y en este espacio de Las Aletas, afectado por el dominio público marítimo terrestre, hay 527 hectáreas organizadas para la expansión industrial de la Bahía. Sin embargo, los empresarios reconocen que no todos los agentes sociales están remando en la misma dirección. El PP se ha apresurado en aclarar que el desarrollo de Las Aletas es compatible con la búsqueda de otras áreas de oportunidad, En este sentido, el presidente de Diputación, José Loaiza, ha destacado que su partido, en ningún momento, se ha mostrado a favor de dar carpetazo al proyecto.

González Saucedo adelantó que se ha previsto la reunión del Consejo Económico y Social (CES) para el mes que viene. Así, la Diputación ha confirmado que este órgano se reunirá en el Campo de Gibraltar en la primera quincena de febrero para abordar, entre otros asuntos, el desequilibrio energético en la provincia de Cádiz.

La situación de las empresas gaditanas, según la patronal, va de mal a peor. Los cálculos que se barajan son terroríficos y concluyen que para absorber a los 185.000 desempleados que acumula la provincia serían necesarias la creación de 35.000 empresas, algo impensable en estos momentos, cuando en los tres últimos años, desde que comenzó la crisis, se han ido al traste 7.500 empresas.

La patronal destaca que la conflictividad laboral ha caído en Cádiz un 60% en los últimos años. Pese a todo, los empresarios auguran que se producirán en 2012 nuevos cierres de empresas. No hay que olvidar que las administraciones públicas adeudan a las empresas gaditanas más de 1.000 millones de euros.