Las comunidades que incumplan el déficit pagarán las sanciones europeas a España

Los presidentes de comunidades autónomas y alcaldes que vulneren los objetivos de déficit o deuda tienen desde hoy un motivo más para tentarse la ropa. El anteproyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera instaura un mecanismo para trasladar las sanciones que pudieran recaer sobre España en materia de estabilidad a las administraciones responsables de los incumplimientos. La norma, que aprueba hoy el Consejo de Ministros, desarrolla la llamada regla de oro incluida en la Constitución para asegurar el equilibrio o superávit presupuestario futuro.

Dicho en otras palabras, el que la hace la paga. Si la Comisión Europea en el futuro impone a España una multa por derroche o mala gestión presupuestaria de las comunidades autónomas o entidades locales, serán esos entes quienes abonen la factura. El Estado -cuya desviación del objetivo de déficit de 2011 es mínima comparada con la autonómica- blinda así su responsabilidad e introduce otro elemento de presión sobre los regidores territoriales. La ley transpone al ordenamiento español los mecanismos correctores de la UE.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las claves de su departamento para esta legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló algunas de las sanciones que el Gobierno prepara para castigar a los organismos que incumplan los objetivos de estabilidad. Además de trasladarles el 'muerto' de los correctivos que pudieran llegar de fuera, la ley obligará a toda administración que incumpla los planes de reequilibrio diseñados para corregir eventuales desviaciones del déficit, a constituir un depósito que podrá convertirse en multa en caso de reiteración.

Fuentes de Hacienda confirmaron que el Estado podrá detraer el dinero de esos depósitos de los fondos que abona a las comunidades y ayuntamientos en virtud del actual sistema de financiación. La cuantía final de las multas dependerá de la magnitud de la desviación o de si el organismo es reincidente.

Pese a situar con su política a las autonomías en el centro de sus preocupaciones, Montoro recalcó su fe en el modelo de Estado. «No es cierto que porque existe el Estado de las autonomías existe despilfarro», resaltó. No obstante, avisó a los gestores regionales de que en momentos como el actual deben de dar «ejemplo de austeridad, transparencia y responsabilidad».

Alerta temprana

La ley de estabilidad incorpora un mecanismo que el Gobierno denomina «de alerta temprana y respuesta inmediata» ante desviaciones en los planes correctores. Y faculta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para «enviar una delegación» a las organismos incumplidores a «valorar su situación», tal y como hacen organismos como la Comisión Europea y el FMI con los países que han necesitado un rescate financiero.

Los objetivos básicos de la ley son garantizar la sostenibilidad presupuestaria, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la UE. Su aspecto más importante es que todas las administraciones deberán registrar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales como catástrofes naturales.

La norma establece que la deuda de las administraciones públicas no podrá superar el 60% del PIB; que el Estado, las autonomías y las grandes ciudades tendrán que elaborar techos de gasto y que los pagos no podrán aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB. A la hora de pagar, tendrá «prioridad absoluta» atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.

La no consecución de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico-financiero de saneamiento para corregir la desviación en el plazo de un año. Y si éste también se incumpliera, la administración responsable tendrá que aprobar una no disponibilidad de créditos (recorte de gastos) que garantice los objetivos. El Gobierno también tendrá en cuenta los incumplimientos a la hora de autorizar emisiones de deuda, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. Montoro avisó a las entidades territoriales de que tendrán que cambiar sus presupuestos si incluyen aumentos de gastos.

En materia fiscal, el ministro de Hacienda avanzó una revisión de los mínimos personales y familiares del IRPF para «aumentarlos y equiparar su cuantía» con independencia del régimen de tributación por el que se opte. En Sociedades «se estudiará» una mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que sean reinvertidos. Y, para favorecer el ahorro, el Gobierno acometerá una «revisión y mejora de la tributación de los planes de pensiones».