Visteon se muestra dispuesta a ceder las instalaciones sin coste

El cierre definitivo de Visteon se acerca a su recta final. Ayer mismo la compañía se reunió con representantes todas las administraciones públicas, desde la Subdelegación del Gobierno a la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de El Puerto para reafirmarse en su intención de traspasar los activos a coste cero. Este encuentro se produjo en las dependencias de la Corporación provincial antes de volver a sentarse con los trabajadores.

El presidente de la Diputación, José Loaiza, recalcó que «el principal acuerdo adoptado es dar continuidad a las reuniones para encontrar la mejor solución» para los 400 afectados por el conflicto de esta empresas de componentes de automoción, que acumula ya siete meses. «Queríamos averiguar si el plan social que presentó la empresa a sus empleados, que contemplaba el traspaso de los terrenos a las administraciones, sería a coste cero tal y como han venido afirmando los propios trabajadores», señaló Loaiza y parece que hay predisposición por parte de la multinacional.

El máximo responsable de la Diputación especificó que el traspaso se sitúa «dentro de un marco de negociación global» en el que los principales actores son la empresa y los empleados y «dependerá del acuerdo que ellos alcancen». Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, destacó la «unidad» de las cuatro administraciones implicadas en el cierre de la filial de Visteon.

Tras conocer la postura de la empresa, Jiménez Barrios señaló que ahora el trabajo va encaminado «a buscar la fórmula jurídica que plasme el traspaso de los terrenos». Los representantes de las administraciones apuntaron que ellos solo son «mediadores» y que el que disponga el uso final de los terrenos deberá ser «la Junta o el Gobierno Central». En este caso, sería para un uso industrial o tecnológico, dado el emplazamiento en el que se encuentran.

Búsqueda de inversores

Precisamente el pasado sábado las administraciones mantuvieron una reunión para analizar la situación del conflicto de Visteon y se mostraron a favor de asumir la cesión de los terrenos, siempre y cuando no suponga ningún tipo de coste para las arcas públicas.

El consejero de Gobernación, Francisco Menacho, aseguró que se sigue trabajando para lograr a un inversor que adquiera las instalaciones y garantice los puestos de trabajo. Pero esta alternativa parece demasiado lejana, dada la situación actual. La propia compañía ya hizo varios intentos a través de una consultora, incluso se concertaron visitas a la planta sin que ninguna de las negociaciones prosperara.

No obstante, el consejero garantizó que existen varias firmas interesadas con las que se está en conversaciones aunque no quiso adelantar ni cuántas ni cuáles «para no dar falsas expectativas a los trabajadores». Tampoco comentó el sector al que se dedican.

Mientras tanto, el proceso concursal sigue su curso. Hace apenas una semana la multinacional anunció el inicio de la liquidación de acuerdo a la ley. De esta manera fueron nombrados los responsables que se harán cargo de la gestión y su formalización ante el Registro Mercantil.

Nuevas reuniones

Visteon ha mantenido en todo momento su intención de dialogar con los trabajadores, que ya le solicitaron una nueva cita que se materializaba ayer. En estos momentos alcanzar un entendimiento resulta mucho más ventajoso para ambas partes, ya que llegar hasta el final de la vía judicial puede suponer más caro para la multinacional y más gravoso para los empleados.

Otro de los aspectos que sigue pendiente son las multas interpuestas por la Inspección de Trabajo, la primera de 150.000 euros por no dar ocupación efectiva a la plantilla mientras se tramitaba el ERE y una segunda de 300.000 euros por incidir en este motivo y no cumplir con las nóminas. Al menos la primera de ellas ha sido recurrida y está a la espera de resultado. Con toda probabilidad también hayan seguido el mismo procedimiento para la segunda.