Los dueños de Nueva Rumasa despedirán al 54% de la plantilla de las bodegas

«La deuda que tienen las bodegas no se podría pagar en la vida con los beneficios del negocio, por eso hay que tomar medidas rápidas, coherentes y eficientes, por duras y difíciles que sean». La primera comparecencia de los nuevos propietarios de las bodegas de Nueva Rumasa, las empresas en concurso de acreedores que hasta hace poco pertenecían a la familia Ruiz-Mateos, confirmó los malos augurios que existían en el sector y en la ciudad, y que ahora se concretan en un plan de sostenibilidad que se acometerá a lo largo de este año -se empezará a aplicar la próxima semana- y del que depende el futuro de estas compañías.

El encargado ayer de dibujar el panorama en el que se encuentran las cuatro bodegas sujetas a concurso (Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos, Valdivia y Teresa Rivero) fue Fernando Lavernia, el director de la División de Alimentación y Bebidas de Nueva Rumasa, ahora propiedad del grupo Back in Business del empresario valenciano Ángel de Cabo.

Lavernia no se anduvo con chiquitas, y aunque en todo momento se esforzó por tratar de quitar hierro al asunto, lo que puso sobre la mesa es una difícil situación que nace del hecho de que cuando compraron las bodegas lo que se encontraron fue «empresas totalmente descapitalizadas, con el negocio parado, que acumulaban una caída en las ventas del 9% respecto al año anterior y que tenían elevados volúmenes en existencias también por un exceso de capacidad productiva». Eso significa que, como tanto se ha denunciado en el Marco de Jerez, «la situación derivó en contratos de suministro con rentabilidades muy bajas o negativas».

Esa «desfavorable» circunstancia en la que se encontraron las bodegas que compraron a los Ruiz-Mateos -hay que recordar que se hicieron con ellas, como con otras sociedades, por el valor simbólico de un euro por cada una- también hace aguas, según explicaron ayer, «por una extensa sobreestructura de personal» que los nuevos dueños van a aliviar con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que forma parte de su plan de choque más inmediato y que ya han consensuado con los administradores concursales de estas empresas.

En concreto, tal como expuso ayer el propio director de las bodegas, el ajuste de la plantilla afectará a un 54% de los 146 trabajadores que tienen actualmente las cuatro bodegas mencionadas. Ese recorte no será lineal, es decir, que puede que de algunas salgan más trabajadores que de otras, pero aunque ayer Lavernia se esforzara en resaltar que «lo importante es que se mantiene la actividad y se mantienen algunos empleos», lo cierto es que al menos 80 empleados del grupo tendrán que marcharse.

Para los responsables de Back in Business, esa salida de personal que se empezará a negociar con los sindicatos de forma inminente «según los plazos legales» y que «se hará de la forma menos traumática», es solo uno de los pilares en los que sustentan su plan de sostenibilidad a corto plazo, el que se va a aplicar en 2012 y de cuyos resultados dependerá que se pueda mantener la actividad en el futuro.

La otra pata será la concentración de actividad en un mínimo de centros de trabajo, lo que va de la mano de la creación de una única sociedad de nueva creación que englobe a todas las bodegas.

Esto significará a corto plazo la reducción de la actividad de Valdivia y Teresa Rivero para que se limiten a ser bodegas de envejecimiento y crianza que luego suministren a Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos, que serán las que asuman el embotellado, almacenamiento y distribución del producto terminado.

Pero a largo plazo, y si el plan de choque da frutos y permite la continuidad del negocio, la intención es que quede un único centro de producción que se ubicará en Cerro Viejo (las instalaciones de Vinícola Soto), la única empresa que no está en concurso, pero que hoy por hoy no está preparada para acoger esta actividad. «Habrá que adaptarla y hacer mejoras», reconoció el director del grupo.

Y es que no queda otra opción, sobre todo porque además de que ni «la situación de los mercados ni la evolución de las ventas permiten mantener la estructura de las cuatro bodegas», hay que tener en cuenta que la venta de los activos del grupo -las ramas de negocio y las unidades productivas- es prioritaria para poder pagar la deudas de las bodegas en concurso, tanto las acumuladas antes como las que se generarán de los costes para aplicar el ERE.

En este sentido, Lavernia fue ayer claro y dejó claro que no hay bodegas intocables, y que «todas están en el mismo cesto». De esta forma, y aunque mientras esté el concurso no se dará este paso, la idea es ponerlas a la venta.

El pasivo que existe en las empresas, sobre todo por la cantidad de hipotecas y pagarés, y unos activos que son garantías de otras operaciones de Nueva Rumasa, son los que llevan a tomar esta decisión.

Otra cuestión sería que las bodegas no tuvieran tantas cargas. Lavernia ya dijo ayer que «con la nueva estructura el modelo es rentable, si no fuera por la situación financiera de las empresas».

Por eso, no quieren hablar de «desaparición» de las bodegas o de la actividad. Eso sí, el director de estas cuatro empresas dejó claro que habrá que esperar a que acabe el año, pero que «la continuidad no está garantizada» al 100%.

La gran pregunta que se hacía incluso la plantilla de las bodegas de Nueva Rumasa encontró respuesta ayer, aunque a nadie le sorprendió cuando Fernando Lavernia reconoció que las marcas de los vinos de las empresas en concurso no son propiedad de Back in Business, sino que siguen en manos de los anteriores propietarios. Dijo literalmente que «siguen donde estaban». El director del grupo dejó claro que se está negociando un contrato de exclusividad por los próximos 25 años con la familia del empresario jerezano para usar unas marcas que, en algunos casos, tienen su propiedad en otros países considerados paraísos fiscales como Belice. En cuanto la compra, Lavernia dijo ayer que se encontraron sorpresas «inesperadas» cuando se hicieron cargo de la gestión. «Sabíamos lo de los pagarés, y se responderá ante ellos como ante el resto de pasivistas, pero no esperábamos lo de las hipotecas sobre las empresas», apuntó antes de añadir que «aún ni siquiera está claro el balance de pasivo de las bodegas». A fecha de auto de declaración del concurso de acreedores se cifró en 92 millones, pero parece que ahora será más.