Los presos de ETA abren diferencias entre los gobiernos central y vasco

Los gobiernos central y vasco renovaron ayer su compromiso para actuar de forma «coordinada» en aspectos clave de la gestión del final de ETA. Entre ellos, la retirada progresiva de escoltas a las personas que estaban amenazadas y el mantenimiento de la «guardia alta» hasta lograr la disolución irreversible de la banda. Así lo anunciaron el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo en el Ejecutivo del PSE, Rodolfo Ares, al término de su primer encuentro oficial, celebrado en Vizcaya. Pese al clima de consenso, ambos responsables dejaron traslucir alguna diferencia en la hoja de ruta, de «ínfimo» alcance, en palabras de Fernández Díaz, pero muy significativa porque afecta a la política penitenciaria, uno de los pilares más sensibles del escenario abierto el 20 de octubre por el cese definitivo del terrorismo.

Ares insistió en que el nuevo tiempo sin la amenaza directa de ETA permite conciliar la «firmeza democrática» con la aplicación de un tratamiento a sus presos «más flexible y dinámico» que favorezca su reinserción, a pesar de que la banda aún no haya entregado las armas. «La amnistía es inasumible», reiteró. El consejero ratificó así las tesis defendidas por el lehendakari, Patxi López, partidario de la excarcelación de internos enfermos «dentro de la legalidad» y de iniciar ya algunos acercamientos.

Fernández Díaz no quiso ir tan lejos y condicionó cualquier cambio penitenciario al desarme de la organización terrorista. El ministro subrayó que la ley recoge la concesión de beneficios penitenciarios que pueden ser «generosísimos», si los reclusos rompen con la disciplina de la banda y se acogen a medidas individualizadas alejados de la violencia. En todo caso, puso «el énfasis» en la etapa de «ilusión y esperanza» que se ha abierto en el País Vasco. En su primera visita oficial desde que accedió al Ministerio de Interior, Fernández Díaz aprovechó su encuentro con Rodolfo Ares para reconducir de algún modo su discurso sobre el final del terrorismo

En la víspera, el ministro había sembrado ciertas dudas sobre el alcance de la desaparición de la banda, anunciada en su comunicado del 20 de octubre, a raíz de la detención en Francia de tres presuntos terroristas que iban «armados y con material explosivo». En concreto, habló de una eventual «reconstrucción del aparato logístico» de la banda. Ayer, destacó que la capacidad de la organización está «diezmada» y que esos arrestos revelan que «hay movimientos» en ETA «para mantener una estructura larvada en la clandestinidad».

«No tiene sentido que (ETA) diga que deja definitivamente de actuar y que no entregue las armas», indicó. La disolución de la banda se ha convertido en el mensaje central de los representantes del Gobierno del PP, como se encargó ayer de recordar el propio presidente. «Voy a decir algo que creo que lo entienden bien todos los españoles: ETA ha dicho que deja de matar, a mi me parece muy bien, lo celebré en su día, pero sigue existiendo y mientras exista es terrorista y por tanto el Estado no está en suspenso», advirtió Rajoy.

En lo que podría ser un intento por trasladar la presión a la banda y a su entorno, el ministro de Interior aseguró que «el peor enemigo de los presos de ETA es ETA». A su juicio, los reclusos serán «más libres» para aceptar eventuales beneficios penitenciarios, si la organización se repliega para siempre. Con o sin la banda, destacó que la ley deja «margen para la discrecionalidad, que no la arbitrariedad». Fernández Díaz remarcó la importancia de dos claves que maneja el Ejecutivo de Rajoy. Por un lado, «la ley es la hoja de ruta». Y por otro, explicó que el desarme es «determinante» para «culminar» el camino abierto por el anuncio de cese, que fue «un buen inicio».