Garzón y la Fiscalía piden la nulidad del juicio por los crímenes del franquismo

La defensa de Baltasar Garzón y la Fiscalía coincidieron ayer en solicitar al Tribunal Supremo que anule el juicio contra el juez de la Audiencia Nacional por investigar los crímenes del franquismo. Durante la primera jornada de la vista oral, las partes invocaron la denominada 'doctrina Botín' para reclamar la nulidad. Esta doctrina del Supremo establece que la acusación popular, en este caso el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, no es suficiente para sostener una causa en la que el fiscal no acusa, como es el caso. El tribunal comenzará las deliberaciones hoy y está previsto que resuelva el próximo martes, justo antes de que declare Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación.

Las cuestiones previas de un juicio como las de ayer son procedimientos en apariencia intrascendentes, pero tratándose de Garzón, el Supremo y la 'memoria histórica' la sesión adquirió una relevancia inusitada. Los argumentos jurídicos de las partes no fueron nuevos, ya que la letra pequeña se conoció durante la instrucción de la causa. Pero lo más novedoso, quizá, fueron los pequeños matices y el tono de los intervinientes, en especial del fiscal Luis Navajas, que dio un repaso en toda regla al magistrado del Supremo que decidió enjuiciar a Garzón, Luciano Varela.

El matiz más nítido fue el alegato central tanto de la defensa del acusado como de la Fiscalía. Ambas partes sacaron a colación la 'doctrina Botín' para pedir la anulación del juicio. «Ni Manos Limpias está legitimada ni el delito de prevaricación se encuentra entre aquellos que pueden sostenerse por una acusación popular», dijo el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. «Su presencia es puramente adhesiva, solo tiene facultades si se ve acompañada de una acusación particular (cuando es afectado directo o víctima) o del Ministerio Público», añadió el fiscal Navajas.

La 'doctrina Botín' la estableció el Supremo en 2007 cuando exoneró al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, de ser juzgado en un caso de cesiones de crédito. La Sala de lo Penal estableció que si el fiscal y la acusación particular no acusaban no puede prosperar el proceso y no cabe abrir juicio oral.

Sin embargo, un año después esta misma sala revisó la doctrina durante la deliberación de una sentencia contra Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. La mayoría de la sala alegó que haría una excepción para aquellos delitos en los que no cabía acusación particular y no fueran contra los intereses colectivos. Atutxa fue condenado por desobediencia civil tras una querella también de Manos Limpias. Precisamente, la 'doctrina Atutxa' viene a colación porque fue el argumento que usó el juez Varela y la sala para rechazar hasta en tres ocasiones las alegaciones de la defensa de Garzón y de la Fiscalía para archivar la causa. No obstante, los siete magistrados del tribunal juzgador no formaron parte de aquella sala, por lo que podría ocurrir que admitan el planteamiento y anulen el juicio.

«Insólito e insostenible»

Más allá del debate doctrinal, el abogado de Garzón se afanó en pedir la nulidad de todas las actuaciones del juez Varela. Hizo hincapié en que el instructor del Supremo rechazó un primer escrito de acusaciones del seudosindicato por defectos de forma y sugirió como corregirlas, algo que los abogados de Manos Limpias hicieron. Para la defensa de Garzón, lo que hizo Varela fue «asesorar» a la acusación popular hasta el punto de que Manos Limpias hizo un «copia y pega» del auto del magistrado en el que abrió juicio oral. «Ni siquiera se molestaron en corregir las erratas», añadió Martínez-Fresneda, quien aseguró que estas decisiones fueron «devastadoras» para su cliente ya que fue suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Recordó el letrado el 'caso de El Nani', un delincuente desaparecido, en el que la acusación popular se retrasó apenas un día en dictar su escrito de acusación y el tribunal del caso la dio por decaída. Algo que luego confirmó el Tribunal Constitucional. En el caso de Garzón, Manos Limpas tardó tres días en reformular su escrito de acusación.

Más punzante, el fiscal Navajas tildó de «insólita e insostenible» la actuación de Varela. «No he visto nada igual en 36 años de carrera», afirmó en referencia a la providencia en la que Varela dio en abril de 2010 una «segunda oportunidad» al sindicato ultraderechista para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo. Según el fiscal, el instructor «devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera», y lo hizo pese a que la ley no se lo permite, ya que sus competencias «no son tan generosas como las de un presidente de plaza».

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, defendió el «interés público» para ejercer la acusación popular en este caso y que los «indicios de criminalidad» para condenar a Garzón ya fueron expuestos por el juez Varela. Aseguró además que su objetivo en el juicio «no era hacer una revisión histórica de nada, sino saber si el juez ha cumplido la ley» al abrir una causa para investigar los crímenes de la dictadura.