Las mentiras tienen alas

No se equivoquen. En la Comunidad Valenciana no hubo «ni despilfarro, ni mala gestión» del Gobierno presidido por Francisco Camps. Si ahora está a los pies de los caballos, tampoco fue por culpa de los grandes expertos en saqueo de las arcas públicas: el responsable de tanto descuido fue del derrotado Gobierno socialista. Si Valencia está en la antesala de la bancarrota no es porque tiró los euros a puñados en el inédito aeropuerto de Castellón, en la alicantina Ciudad de la Luz, en la televisión Canal-9, en múltiples y suntuosos eventos. En absoluto. Fue la Administración central la que, con gran tenacidad, no paró hasta conseguir que ocupara el primer lugar en el ranking de las autonomías con mayor déficit.

Es cierto que Alberto Fabra, el nuevo presidente autonómico, se afana en enmendar de algún modo la plana a su antecesor en el cargo. Y eso merece un aplauso. Pero no ha tenido complejos a la hora de aplicar aquel aserto atribuido a Miguel de Cervantes: «La falsedad tiene alas y vuela». Es decir, apuntemos hacia otro lado, a ver si cuela. ¿Porque, donde está, según Fabra dos, la causa de la postración valenciana? Pues, en el Madrid de Zapatero. Claro. Las cuitas del Ejecutivo anterior fueron numerosas y el centralismo siempre acaba rebrotando, pero ¿no es patético cargar de nuevo los desafueros propios en hombros ajenos? El tira y afloja en torno a las liquidaciones que se presentan entre sí las distintas administraciones, es un elemento fijo en un Estado autonómico. Pero de eso, a negar que haya habido despilfarro y mala gestión en Valencia media un abismo.

Mientras unos tiran los trastos a las cabezas de otros, la pregunta inexcusable es si los valencianos, los vascos, los andaluces, los catalanes, todos, resistiremos los ritmos de ajuste que se han previsto para el año 2012. Eso, cuando todavía queda mucho por recortar y los próximos tijeretazos nos dejarán en la cuneta hasta el 2013, según las previsiones que pone a punto el FMI. Claro que las opiniones del FMI son discutibles. Como se demostró con los errores cometidos en América Latina y en muchos de los procesos exhaustivos de reformas exigidos por el foro nacido en Bretton Woods. Costaron mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. ¿Los pagaremos ahora con un ojo de la cara?

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha proclamado que el Gobierno no permitirá gastos desviados de las autonomías. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apuntado que se exigirán responsabilidades penales a los administradores públicos que incumplan el déficit fijado. De la lúcida número dos del Ejecutivo, cabía esperar algo más. Como su disposición a colaborar decididamente con la Justicia contra todos los que roben dinero autonómico. Por lo visto, aún no ha llegado el momento.